DOI:
https://doi.org/10.47133/respy43-25-2-2a-03
BIBLID: 0251-2483 (2025-2), 31-55
Progresismo,
postneoliberalismo
y rearticulación conservadora: transformaciones de la política
paraguaya contemporánea
Progressivism, post-neoliberalism, and
conservative rearticulation: transformations
of contemporary Paraguayan politics
Ignacio González Bozzolasco1 ![]()
1Universidad
Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Sociales,
San Lorenzo, Paraguay.
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Correspondencia: igonbo@gmail.com Articulo enviado: 2/7/2025 Articulo aceptado: 21/11/2025 Conflictos de Interés: ninguno que declarar. Fuente de financiamiento: sin fuente de financiamiento. ·
Editor
responsable: Carlos Anibal Peris ·
Revisor
1:
Marcos
Benítez ·
Revisor
2:
Luis Fretes
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Resumen: El artículo analiza las transformaciones políticas en Paraguay desde la caída del stronismo hasta el gobierno del presidente Horacio Cartes (2013-2018), centrándose en la transición al neoliberalismo, el ascenso del progresismo y la posterior rearticulación conservadora. Se destaca cómo estos procesos han reconfigurado el sistema político paraguayo, examinando actores, conflictos y dinámicas que han determinado estos cambios. La investigación busca comprender el impacto de las reformas estructurales, las resistencias sociales y las tendencias ideológicas en la política del país a partir de un análisis sociohistórico de los principales procesos políticos del Paraguay contemporáneo, empleando un enfoque cualitativo que integra análisis de fuentes documentales, estudios previos y datos sobre procesos sociopolíticos. Así, se realiza una reconstrucción de los momentos clave del periodo analizado, articulándolos con la trayectoria de los diferentes actores políticos y sociales. Entre las principales conclusiones se sostiene que el progresismo en Paraguay, aunque logró avances en políticas sociales y en la articulación de sectores antes marginados, enfrentó limitaciones estructurales, fragmentación interna y falta de apoyo parlamentario. Esto facilitó su declive y el ascenso de una nueva fase conservadora, caracterizada por una tecnocracia neoconservadora y la reafirmación de las élites económicas.
Palabras clave: neoliberalismo; progresismo; neoconservadurismo; movimientos sociales; partidos políticos; Paraguay.
Abstract: The article analyzes political transformations in Paraguay from the fall of the Stroessner regime to the present day, focusing on the transition to neoliberalism, the rise of progressive forces, and the subsequent conservative rearticulation. It highlights how these processes have reshaped the Paraguayan political system by examining the actors, conflicts, and dynamics that have driven these changes. The research aims to understand the impact of structural reforms, social resistance, and ideological trends on the country’s political landscape through a socio-historical analysis of key contemporary political processes in Paraguay. A qualitative approach is employed, integrating documentary analysis, existing scholarly literature, and data on sociopolitical developments. The study reconstructs the critical junctures of the period under review, linking them to the trajectories of various political and social actors. Among its main conclusions, the article argues that while progressivism in Paraguay achieved notable advances in social policy and the incorporation of previously marginalized sectors, it was constrained by structural limitations, internal fragmentation, and a lack of parliamentary support. These conditions facilitated its decline and the emergence of a new conservative phase, marked by a neoconservative technocracy and the reaffirmation of entrenched economic elites.
Keywords: neoliberalism; progressivism; neoconservatism; social movements; political parties; Paraguay.
Introducción
Las transformaciones del sistema político paraguayo en las últimas décadas constituyen un terreno fértil para el análisis sociohistórico de los procesos de cambio y continuidad en América Latina. Desde la caída del régimen stronista en 1989 hasta la reconfiguración conservadora del presente, Paraguay ha atravesado fases diferenciadas, pero articuladas, que van desde la implantación de reformas neoliberales, el ascenso de propuestas posneoliberales con impronta progresista, hasta la consolidación de una tecnocracia neoconservadora. Sin embargo, a diferencia de otros países de la región, estas transiciones en Paraguay han adoptado formas específicas marcadas por la persistencia de un bipartidismo de raíz oligárquica, una débil institucionalidad democrática y una baja densidad organizativa del campo popular.
Este artículo se propone analizar cómo se han producido estas transformaciones, con especial atención a los actores, conflictos y dinámicas que han definido cada etapa. El problema de investigación que guía este trabajo puede formularse del siguiente modo: ¿cómo se articularon y confrontaron los distintos proyectos político-ideológicos en Paraguay desde la transición democrática hasta la actualidad, y qué factores explican el tránsito desde una promesa progresista a una reafirmación conservadora?
Si a nivel regional se ha estudiado la emergencia y declive de los progresismos latinoamericanos, resaltando sus limitaciones estructurales para transformar el modelo económico dominante y consolidar una institucionalidad democrática inclusiva, son escasa las miradas específicas sobre el caso paraguayo. Se pueden mencionar investigaciones que han abordado la configuración del régimen stronista y sus efectos de largo plazo (González Bozzolasco, 2013a), la dinámica de los movimientos sociales (Palau, 2014), las políticas de ajuste estructural (Nickson, 2005; Borda, 1987) y la trayectoria electoral de la izquierda (Sánchez, González Bozzolasco y Martínez Escobar, 2019). No obstante, persiste una laguna analítica respecto a la comprensión de estos procesos en términos de trayectorias políticas secuenciales, que consideren tanto la estructuración del campo político como las condiciones de posibilidad del cambio social en contextos de democracias restringidas.
El objetivo general del artículo es reconstruir y analizar los momentos clave que marcaron la transición entre los distintos ciclos políticos recientes en Paraguay. Como objetivos específicos se plantean: caracterizar el proceso de instalación del neoliberalismo en la posdictadura; examinar el ascenso y las limitaciones del progresismo como proyecto posneoliberal; y explicar la consolidación de un nuevo ciclo conservador a partir de la caída del gobierno de Fernando Lugo. En definitiva, el artículo propone una mirada crítica sobre las transformaciones políticas del Paraguay reciente, reconociendo las tensiones entre cambio y continuidad, y aportando elementos para comprender por qué el progresismo no logró instalarse como fuerza estructurante del nuevo ciclo político nacional.
El artículo se inscribe en el campo de la sociología histórica y política, empleando un enfoque cualitativo de tipo analítico-interpretativo. La elección de este enfoque responde a la necesidad de comprender en profundidad los procesos de transformación del sistema político paraguayo a lo largo de varias décadas, atendiendo a las relaciones entre estructuras institucionales, dinámicas sociales y trayectorias ideológicas. Esta perspectiva, a diferencia de enfoques cuantitativos o de corte institucionalista estricto u ortodoxo, permite reconstruir los sentidos en disputa, las lógicas de articulación y confrontación entre actores, así como las reconfiguraciones del campo político en sus dimensiones históricas, discursivas y materiales.
La metodología parte de un enfoque cualitativo con base en el análisis documental, estudios de caso y revisión crítica de literatura especializada. La estrategia adoptada es la de un estudio de caso histórico secuencial, en el cual se analizan de manera cronológica tres grandes fases: la instalación del neoliberalismo en Paraguay tras la caída del stronismo; la emergencia de proyectos posneoliberales y progresistas; y la posterior rearticulación conservadora bajo una forma tecnocrática. La delimitación temporal del estudio abarca el período comprendido entre 1989 (transición democrática) y el gobierno del presidente Horacio Cartes (2013-2018), aunque se incluyen antecedentes estructurales relevantes desde mediados del siglo XX para contextualizar las trayectorias institucionales y sociales.
Lo datos empíricos fueron obtenidos mediante dos técnicas principales: el análisis de fuentes secundarias y análisis documental. La primera, incluyó la revisión de literatura académica especializada en ciencias sociales y estudios políticos del Paraguay y América Latina, incluyendo libros, artículos de revistas científicas, informes de investigación y documentos de organizaciones sociales. Se dio especial atención a trabajos previos sobre el stronismo (González Bozzolasco, 2013a), las reformas estructurales (Nickson, 2005; Borda, 1987), los movimientos sociales (Palau, 2014; Arditi y Rodríguez, 1987) y las trayectorias de la izquierda política (Sánchez, González Bozzolasco y Martínez Escobar, 2019). La segunda, se centró en fuentes primarias tales como discursos oficiales, leyes, programas de gobierno, publicaciones partidarias y declaraciones públicas de actores relevantes, obtenidas a través de archivos hemerográficos, portales institucionales y repositorios digitales.
El tratamiento y análisis de los datos se llevó a cabo mediante técnicas de análisis de contenido y análisis discursivo de corte sociohistórico. Se realizó una sistematización temática y temporal de los acontecimientos clave, identificando rupturas, continuidades y puntos de inflexión en las configuraciones del poder político. Asimismo, se examinaron los discursos políticos e institucionales a la luz de categorías analíticas como “modernización conservadora” (Galeano, 2016), “posneoliberalismo” (Sader, 2008), “captura estatal” (Nercesian, 2020) y “pluralismo restringido” (Cavarozzi y Casullo, 2002). Esta triangulación teórico-metodológica permitió articular los hallazgos empíricos con una lectura crítica del proceso político paraguayo en el contexto latinoamericano.
En términos generales, la investigación sostiene a modo de hipótesis general que el progresismo paraguayo no logró consolidarse como alternativa hegemónica debido a su escasa base parlamentaria, fragmentación interna y debilidad de los movimientos sociales, lo que facilitó una rearticulación conservadora bajo nuevas formas tecnocráticas. La misma se sustenta en una lectura sociohistórica del Estado paraguayo como una formación político-institucional profundamente moldeada por intereses oligárquicos, con una trayectoria de exclusión política y captura estatal por parte de élites económicas (Galeano, 2016; Abente, 1996).
El análisis se estructura a partir de cinco apartados centrales. En el primero, presenta los antecedentes históricos que marcaron el agitado cierre del siglo XX. Así, se ofrece un rápido recorrido por la historia política del Paraguay, haciendo énfasis en la fase final del régimen político instaurado por el general Alfredo Stroessner (1954-1989). Como en gran parte de la región, la caída de Stroessner abrió las puertas a un proceso de transición a la democracia en consonancia con un proceso de crisis económica internacional y posicionamiento de las propuestas neoliberales.
En el segundo apartado se presentan las características generales de las políticas de ajuste estructural en el país, su alcance y sus singularidades. En tal sentido, se describe brevemente como los delineamientos del Consenso de Washington en el Paraguay se concentraron en la promoción de privatización de empresas estatales, que generaron la articulación de reacciones y protestas por parte de diversos actores sociales y políticos del país.
A lo largo de la tercera sección se analizan brevemente las reacciones al neoliberalismo en la escena social y la política nacional. Se destaca allí el proceso de articulación que lograron las organizaciones sociales para alcanzar, a partir de movilizaciones y protestas, la paralización del proceso de privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones. Esta experiencia marcará un hito en el proceso de rearticulación de la política en la etapa posneoliberal.
La cuarta parte aborda las características principales que marcan el ascenso y caída del progresismo en la arena política paraguaya. Se presenta a este proceso como una reconfiguración de fuerzas que es, ante todo, una propuesta posneoliberal. Así, analiza estas posiciones tanto dentro como fuera del histórico Partido Colorado, que gobernó durante todo el periodo stronista, como también a lo largo de las primeras dos décadas de transición a la democracia.
Por último, se desarrolla el giro conservador suscitado tras la interrupción abrupta del gobierno del expresidente Lugo (2012). Se describen así las características generales que marcaron el retorno del Partido Colorado al poder, de la mano del empresario tabacalero Horacio Cartes, imprimiendo una nueva dinámica conservadora en la política nacional, en sintonía con el refortalecimiento de las derechas en toda la región.
Antecedentes
Desde finales del siglo XIX se conformó en el Paraguay un peculiar sistema político bipartidista, tras la creación de los dos partidos tradicionales poco después de la culminación de la nefasta guerra contra La Triple Alianza (1865-1870). Ambas organizaciones partidarias fueron constituidas en el año 1887, con maraca influencia de las potencias invasoras, Brasil y Argentina, respectivamente: la Asociación Nacional Republicana (ANR), luego conocida como Partido Colorado; y el Centro Democrático, más tarde llamado Partido Liberal (PL).
Estas agrupaciones políticas establecieron en la arena política paraguaya una lógica bipartidista que, pese a los cambios sucedidos a lo largo de la historia, conservan aún buena parte de sus principales características, con una organización de maraca impronta oligárquica. En la actualidad los dos partidos operan como formaciones políticas tradicionales orientadas, principalmente, a la competencia electoral, con una significativa capacidad de penetración y movilización en diversos sectores sociales, lo que les ha permitido mantener una presencia sostenida y preponderante en la vida política del país.
El bipartidismo paraguayo se caracterizó por largos periodos de control del gobierno por parte de una y otra fuerza política. La ANR ejerció ese control en los periodos comprendidos entre los años 1887-1904, 1947-2008 y 2013 a la actualidad. Mientras el PLRA lo hizo entre los años 1904-1940, con un breve interregno de 18 meses, entre los años 1936 y 1937, con la instauración de un gobierno revolucionario encabezado por el Cnel. Rafael Franco, luego de la Guerra del Chaco contra Bolivia (1932 - 1935). El segundo periodo de ejercicio del gobierno por parte de la ANR incluyó los 35 años del régimen autoritario establecido por el general Alfredo Stroessner (1954-1989) que consolidó una estructura que unificó tres pilares de poder bajo un mismo mando: el aparato gubernamental, las Fuerzas Armadas y la estructura partidaria de la ANR (González Bozzolasco, 2013a).
El régimen stronista no solo permitió consolidar el poder de la ANR en una coyuntura de fuertes convulsiones políticas, sino que también sentó las bases para la permanencia de ese partido en el poder por tres décadas y media e impuso un consenso entre los grupos dominantes del país. De esta forma, logró desmovilizar, en gran medida, a los actores sociales y políticos que se le oponían. Así, las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles no afines al régimen fueron blanco de permanentes ataques entre finales de la década de 1950, así como durante las décadas de 1960 y 1970. Se estacan así las experiencias de: la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), intervenida luego de la huelga general de 1958; la articulación campesina denominada Ligas Agrarias Cristianas, objeto de varias acciones represivas durante las décadas de 1960 y 1970; y la agrupación estudiantil universitaria conocida como Movimiento Independiente (MI), que fue objeto de fuertes persecuciones entre los años 1976 y 1977 (González Bozzolasco, 2013b; Arditi y Rodríguez, 1987; Laterza, 1986).
Del mismo modo, se emprendió una embestida contra toda articulación política de carácter progresista que, bajo la máxima “democracia sin comunismo”, diezmó a tres generaciones de militantes y activistas políticos (González Bozzolasco, 2013a). Organizaciones políticas con marcada orientación de izquierda, como el Partido Comunista Paraguayo (PCP), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), la Organización Primero de Marzo (OPM), entre otras, vieron cancelado todos los ámbitos de partición política legal y empujados a la acción clandestina (Sánchez, González Bozzolasco y Martínez Escobar 2020).
En consonancia con buena parte de la región, el Paraguay atravesó por un proceso de grandes transformaciones durante las décadas de 1970 y 1980. Tras la consolidación del stronismo como orden político con la promulgación de la Constitución del año 1967 y la Enmienda Constitucional del año 1977, la economía paraguaya experimentó un crecimiento económico sin precedentes en su historia y que se sostuvo sobre dos pilares principales: la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú, en conjunto con el Brasil[1]; y la expansión de la frontera agrícola, en una población mayoritariamente rural.
Las cifras del periodo dan muestra clara del mencionado crecimiento económico. Entre los años 1973 y 1981, la economía paraguaya registró un notable crecimiento, con una tasa promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 9,4%, alcanzando incluso un pico del 11% en el período comprendido entre los años 1977 y 1980. Este dinamismo se reflejó en el desempeño de los distintos sectores productivos: el sector primario creció en promedio un 7,3% anual, el sector secundario un 11,3% y el terciario un 9,5%. Dentro de este contexto de expansión económica, los sectores más dinámicos fueron la construcción, el comercio y los servicios financieros, los cuales jugaron un papel central en el impulso del crecimiento durante este periodo (Arce y Zárate, 2011, pp. 224-5).
Este acelerado crecimiento impactó en el imaginario de una parte significativa de la población que, hasta la actualidad, sigue percibiendo a este gobierno como protagonista de un desarrollo sin precedentes en la historia del país, pese a sus características claramente autoritarias. Son claros los efectos de un proceso de modernización de carácter conservador. En esta línea, trabajos como los de Luis Galeano, hablan de un proceso de modernización capitalista conservador, tardío y parcial: es conservador debido al rol central y protagónico jugado por el Estado autoritario; es tardío puesto que, a diferencia de la mayoría de los países de la región, la modernización capitalista agraria tuvo lugar en Paraguay recién avanzada la segunda mitad del siglo XX; y es parcial porque recién logró afianzarse tras la caída del régimen stronista y el inicio de la transición a la democracia, a lo largo de la década de 1990 (Galeano, 2016, pp. 11-13).
Sin embargo, esta expansión económica se vio estancada en la década siguiente con la finalización de la construcción de la represa y el ingente ingreso de divisas que esta generaba, en combinación con el estallido de la crisis de la deuda a escala internacional y su impacto en toda la región. Por tanto, a partir del año 1982, la economía paraguaya se sumergió en una gran crisis con índices negativos en el PIB, caída de las inversiones, déficit fiscal y en la balanza de pago, así como acumulación de deuda externa (Borda, 1987, p. 61). Además, desde el año 1982 se experimentó un sostenido aumento de la inflación que, partiendo del 0,7% en ese año, alcanzó picos de 25% en 1985, 32% en 1986 y 26% en 1989. Considerando el promedio de inflación, la misma llegará al 24,6% entre los años 1984 y 1989 (Arce y Zárate, 2011, pp. 236-7).
La crisis económica tuvo significativas repercusiones políticas y sociales, por lo que diferentes sectores políticos y sociales organizados aumentaron en intensidad sus consignas y presiones por una mayor apertura por parte del régimen, impulsando demandas de orden democrático (Rivarola 1987; Flecha, Martini y Silvero, 1993). De esta manera, pudo observarse un sostenido proceso de recomposición de diversos actores sociales y políticos durante la segunda mitad de la década de 1980 que, con posterioridad, ganarán importante protagonismo en los inicios de la transición democrática.
Entre las organizaciones y movimiento sociales emergentes en este periodo pueden mencionarse a las organizaciones campesinas como el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y la Coordinadora Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA), los gremios obreros como el Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT) y las articulaciones estudiantiles como la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay (FEUP), claramente las más activas del periodo (Arditi y Rodríguez, 1987).
En consonancia con estos sectores, en el año 1987 nace la articulación política denominada Movimiento Democrático Popular (MDP), que fue la más clara expresión de ese proceso de rearticulación social. Articulada por referentes del sector estudiantil y sindical principalmente, esta nueva agrupación fue la convergencia de diferentes vertientes progresistas y socialistas, constituyendo una articulación para alcanzar una mayor incidencia pública, considerando que el régimen limitaba la participación política electoral a los sectores progresistas. Si bien experimentó un crecimiento significativo entre 1987 y 1989, la transición política generó divisiones en su seno debido a desacuerdos sobre las estrategias a adoptar en el nuevo contexto. (Sánchez, González Bozzolasco y Martínez Escobar, 2020, p. 279).
Los 35 años de gobierno ininterrumpido del general Alfredo Stroessner vieron su fin el febrero de 1989, a raíz de un golpe de Estado gestado dentro del propio régimen. Este hecho abrió una nueva etapa de libertades públicas e incorporación de diferentes actores en la escena política. Al mismo tiempo, el inicio de la transición democrática trajo consigo la conformación de un nuevo orden político, creación de instituciones más democráticas y la promulgación de diferentes reglas para el acceso al poder político.
Las políticas de ajuste estructural
Los años finales del siglo XX significaron para toda América Latina un periodo de grandes y aceleradas transformaciones políticas y económicas. Si en el plano político los cambios representaron la transición de gobiernos autoritarios a formas de gobierno más democráticas, en el económico las transformaciones constituyeron el paso de un modelo de desarrollo estado-céntrico a uno más bien basado en el libre mercado (Cavarozzi y Casullo, 2002, p. 11). En ese contexto cobraron un protagonismo central las medidas de ajuste estructural promovidas por el Consenso de Washington, impulsoras de la disminución del gasto fiscal, reducción del aparato estatal, privatizaciones de las empresas y los servicios públicos, la orientación de la producción nacional a la exportación, así como la promoción del libre mercado de bienes y servicios.
Más allá de las peculiaridades y especificidades con que estas líneas de acción fueron llevadas adelante en el Paraguay, el país no escapó a esta corriente. Por tanto, las transformaciones impulsadas afectaron al Estado paraguayo, así como a su modelo de desarrollo y dinámica política. Así, se introdujeron en el país los primeros intentos de reformas institucionales y económicas en boga en toda la región en coincidencia con los inicios de la transición a la democracia. De esta forma, se generó un proceso de disputa por la transformación de todo el aparato político-institucional del Estado que tuvo como resultado la liberalización del sistema financiero y las privatizaciones de algunas pequeñas empresas estatales, aunque la gran mayoría de los traspasos al sector privado quedaron truncados (González Bozzolasco y Martínez Escobar, 2019a, p. 64).
Las medidas de ajuste estructural llevadas adelante se generaron en base a diagnósticos y recomendaciones realizados por organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el argumento de recuperar el crecimiento económico en el país. Si bien las medidas guardaban similitud con las realizadas en otros países de la región, el Paraguay tenía grandes diferencias con muchos de ellos: no poseía una superestructura estatal, no tenía un Estado de bienestar montado, ni había atravesado por un proceso de industrialización por sustitución de importaciones (Nickson, 2005).
La discusión en torno a la reestructuración del Estado paraguayo tuvo lugar durante la década de 1990, prolongándose hasta los inicios de la década del 2000. Por medio de la Ley 126/1991 se establecieron como pasibles de privatización varias empresas públicas, como ser: la administración de alcoholes, la flota mercante, las líneas aéreas, el ferrocarril y la acerera. Además, durante los años 1990 y 2000 fueron creadas nuevas entidades encargadas de regular las telecomunicaciones y los servicios sanitarios, a la vez que las empresas estatales pasaron a ser sociedades anónimas con la mayoría accionaria en manos del Estado. Sin embargo, las empresas vendidas finalmente fueron muy pocas.
Con la promulgación de la ley 1615/2000 se emprendió un nuevo proceso de privatizaciones de empresas públicas, con la empresa telefónica a la cabeza, pero las protestas sociales y la falta de consensos políticos terminaron frenando el nuevo intento. En este contexto, las tradicionales prácticas prebendarias de la escena política nacional fueron quizás un factor adicional que impidió el avance neoliberal. Así también, la de por sí pequeña estructura del Estado paraguayo, al menos en comparación con sus pares del cono sur americano. Ante condiciones como las mencionadas, muchos actores del arco político paraguayo podrían ver como desventajosas las políticas dirigidas a promover un Estado chico, reduciendo ampliamente los recursos del poder en el campo político paraguayo. Este proceso se desarrolló en dos periodos diferentes. El primero, entre los años 1991 y 1998, abarca los gobiernos colorados del general Andrés Rodríguez (1989-1993) y de Juan Carlos Wasmosy (1993-1998). El segundo, entre los años 2000 y 2002, con el acuerdo de los principales partidos políticos con representación parlamentaria, durante el gobierno de Unidad Nacional del presidente colorado Luís González Macchi (1999-2003) (González Bozzolasco y Martínez Escobar, 2019b, p. 98).
Los argumentos sostenidos fueron similares a los argüidos en toda la región, discursos que “combinan liberalismo económico y hegemonismo político conservador, en una combinación que deja fuera del tablero o descalifica a otras expresiones del pluralismo político” (Bosoer y Leiras, 1999, p. 109). En tanto que las víctimas del proceso eran puestas como victimarias: los beneficiarios de los servicios públicos ⎯los sectores asalariados, la población vulnerable con necesidad de apoyo estatal y la ciudanía en general⎯ era responsable del despilfarro estatal, a la vez que los grandes empresarios ya no estaban dispuestos a solventarlos. Se montaba así la narrativa del “shock” con la cual se buscaban impulsar las medidas de corte neoliberal (Klein, 2011).
La resistencia
Si el epicentro de la agenda político-económica durante los primeros años de la transición a la democracia fue el rol del Estado, su transformación a través de las privatizaciones se destacó entre los temas centrales. Así, acabó impulsando una variedad de pujas y confrontaciones que articularon la competencia y la cooperación entre actores políticos y sociales, afectando toda la arena política. En este nuevo contexto el escenario de la protesta social cobró relevancia como uno de los campos de disputa. Se destacaron como protagonistas de estas luchas las organizaciones sociales y de la izquierda paraguaya, aunque también jugaron un papel preponderante algunos exponentes y grupos pertenecientes a los partidos tradicionales.
Los gremios obreros tuvieron una activa participación en ese nuevo escenario estructurados en tres agrupaciones sindicales: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) y la Central Nacional de Trabajadores (CNT). La CUT se consolidó como la organización sindical más influyente, actuando como continuidad del Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT) que había surgido en los últimos años del régimen stronista (González Bozzolasco, 2013b, p. 136). Sus acciones se enfocaron en la defensa del incremento del salario mínimo y en la oposición a las exigencias de los gremios empresariales que promovían la liberalización salarial.
En ese periodo tuvo lugar la primera huelga general en democracia, luego de 36 años de la última medida de estas características realizada en los inicios del periodo stronista (1958).[2] Las tres centrales sindicales, en coordinación con las organizaciones campesinas y con el respaldo unánime de los partidos de oposición, convocaron el 2 de mayo de 1994 a un paro general. Esta medida de fuerza tuvo como principales reivindicaciones un aumento salarial del 40%, el rechazo a los procesos de privatización, la denuncia de la corrupción estatal y la demanda de una reforma agraria integral (CDE, 1994, p. 2). Durante ese lapso se impulsaron también iniciativas para la promulgación de un nuevo Código Laboral, promovidas por la influencia del Fondo Monetario Internacional (Céspedes, 1993, p. 65).
Por su parte, en consonancia con las tendencias neoliberales predominantes en la región, los gremios empresariales de Paraguay impulsaron reformas orientadas a la flexibilización laboral, con el objetivo de disminuir aún más las ya limitadas garantías establecidas en la legislación laboral del país. La demanda central se orientaba a la eliminación del salario mínimo legal, con el objetivo de que la determinación de los salarios quedara supeditada a las dinámicas del mercado, lo que se alineaba con el proceso de liberalización económica impulsado por el gobierno desde el inicio del régimen democrático.
El sector campesino experimentó también un fortalecimiento organizativo, así como un avance en sus estrategias de luchas. Organizaciones como el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), la Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA) y otras agrupaciones surgidas en la década de 1980, convergieron en la conformación de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), constituida en 1994. Inicialmente, las demandas se centraban en el acceso a tierras, asistencia técnica, créditos y subsidios para la producción. No obstante, con el debilitamiento de los sindicatos debido a sus crisis internas en la segunda mitad de la década de 1990, los gremios campesinos adquirieron un rol más protagónico. En este nuevo escenario, ampliaron sus reivindicaciones e incorporaron temas como la oposición a las privatizaciones, la denuncia de la criminalización de las luchas sociales y otras consignas de alcance más general, que trascendían las problemáticas específicas del sector agrícola. (González Bozzolasco y Martínez Escobar, 2019b, p. 101).
Las organizaciones campesinas jugaron también un papel determinante para enfrentar las privatizaciones en marcha durante el segundo periodo de embestida privatizadora por parte del gobierno, llevado adelante a partir del año 2000. La articulación de diferentes movimientos sociales y gremios sindicales derivó en la conformación del Congreso Democrático del Pueblo (CDP) en el año 2002, como espacio de acción conjunta (Cantero, 2005, p. 175). Esta plataforma aglutinó a sectores campesinos, sindicales y organizaciones de izquierda, logrando frenar el proceso de privatización de la empresa telefónica estatal llevado adelante por el presidente Luís A. González Macchi (1999-2003).
Las movilizaciones que lograron detener el proceso de privatización de las empresas públicas representaron un momento de máxima articulación y acción coordinada entre diversas organizaciones sociales y fuerzas de izquierda en Paraguay (Palau 2014: 17). A partir de ese momento, en un contexto regional marcado por el ascenso de sectores progresistas en el ámbito electoral, la mayoría de las organizaciones de izquierda en Paraguay optaron por participar en las elecciones generales de 2003 (Sánchez, González Bozzolasco y Martínez Escobar, 2015, p. 383). Si bien los resultados obtenidos fueron modestos, se inició allí un proceso importante de articulación que derivó más tarde en el triunfo electoral del exobispo Fernando Lugo, en las elecciones generales de 2008 (González Bozzolasco y Martínez Escobar, 2019a, p. 70).
Progresistas y postneliberalismo
Las resistencias generadas por parte de diferentes sectores sociales organizados frente a las políticas de ajuste estructural llevadas adelante en toda América Latina, derivaron en distintas expresiones políticas que, más allá de sus contrastes y matices, se identificaron como proyectos que apostaron a una nueva etapa postneoliberal. Entendido en el sentido señalado por Emir Sader, el postneliberalismo “es una categoría descriptiva que designa diferentes grados de negación del modelo, sin llegar a configurar un nuevo modelo, al mismo tiempo en que un conjunto híbrido de fuerzas compone las alianzas que están en la base de los nuevos proyectos” (Sader, 2008, p. 81).
Los pasos iniciales en la senda del postneliberalismo fueron dados al interior del mismo Partido Colorado, a partir del año 2001. Siendo el partido político más grande del país ⎯con permanencia en el poder de manera ininterrumpida desde el año 1948⎯ las confrontaciones intestinas y el surgimiento de corrientes con posiciones diametralmente opuestas son la regla. El presidente Nicanor Duarte Frutos fue el principal exponente de las reacciones en contra de las medidas neoliberales en este partido en los inicios del siglo XXI.
Duarte Frutos se destacó como un político muy diferente a lo que el Partido Colorado había presentado como opción electoral desde el inicio de la democracia. En pleno proceso de desgaste de las políticas de ajuste estructural en la región, se presentó como una figura progresista, propugnando en filas partidarias la recuperación de las raíces históricas del socialismo humanista (Tamayo, 2019, p. 99). Primeramente, logró posicionarse como presidente de la ANR, en el año 2001, y como candidato de ese partido a la presidencia, en el año 2002. Posteriormente, accedió a la presidencia de la república para el periodo 2003-2008 (Sánchez, 2019, pp. 40-1). Duarte Frutos fue el primer presidente político de la transición a la democracia con un liderazgo construido sin pertenecer a ninguno de los grupos de poder político y económico surgidos a lo largo de los 35 años del régimen stronista (González Bozzolasco, 2013ª, pp. 31-2).
Caracterizado por su marcado discurso crítico al modelo neoliberal, Duarte Frutos arrancó su mandato con una clara orientación antiprivatista, apuntando al fortalecimiento estatal y el desarrollo de políticas sociales dirigidas a reducir las desigualdades en la sociedad paraguaya. De esta forma, con una visible orientación progresista, dio un golpe de timón al rumbo que venían llevando los gobiernos colorados que le precedieron desde el derrocamiento del general Alfredo Stroessner, en el año 1989. Con esta nueva mirada política en el gobierno, Duarte Frutos “insertó a Paraguay en el giro progresista que se estaba dando en América del Sur” (Sánchez, 2019, p. 45).
Sin dudas, muchas de las acciones llevadas adelante por Duarte Frutos perfilaron las políticas públicas de inclusión social y de modernización estatal que llevaron adelante los gobiernos posteriores. Al mismo tiempo, es muy claro que su impronta política conmocionó significativamente las viejas estructuras de un partido político predominantemente conservador. De todas formas, como señala Gustavo Codas, quedará a cargo de los historiadores “desentrañar las tramas de aquella coyuntura”, en la que la interrupción del ciclo de dominación por parte del Partido Colorado tiene lugar, precisamente, bajo el liderazgo de un político que sintonizaba con la ola progresista regional de contestación al neoliberalismo (Codas, 2019, p. 43).
La confrontación política, tanto dentro como fuera de la ANR, generó las condiciones necesarias para la derrota colorada en las elecciones presidenciales del año 2008. Fue ese el contexto de surgimiento del entonces obispo Fernando Lugo como una figura política aglutinadora de todas las diferencias suscitadas en el campo opositor, donde el principal aliado fue el histórico Partido Liberal. Su candidatura tuvo el sustento de dos amplios espacios: el Bloque Social y Popular (BSP), articulación de movimientos sociales y organizaciones de izquierda; y la Concertación Nacional (CN), conformada por los partidos de derecha opositores a la ANR. De la unión de ambos sectores derivó la plataforma político-electoral de Lugo denominada Alianza Patriótica para el Cambio (APC).[3] Las principales líneas programáticas de la alianza fueron: reactivación económica; reforma agraria; recuperación institucional y combate a la corrupción; promoción de una justicia independiente; y defensa de la soberanía nacional (González Bozzolasco, 2010, pp. 19-20).
La gran mayoría del espectro político-ideológico de la izquierda paraguaya participó en la campaña electoral de Fernando Lugo. Formaron parte del abanico de izquierda de la APC: el Partido Democrático Progresista (PDP), el Partido Encuentro Nacional (PEN), el Partido País Solidario (PPS), el Partido Frente Amplio (PFA), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), todos de centroizquierda, y el Movimiento Popular Tekojoja (PPT) y el Partido del Movimiento al Socialismo (P-MAS), ambos con un marcado posicionamiento socialista (González Bozzolasco, 2010, p. 20). Pese a ello, solo pudo alcanzarse la unidad en la chapa presidencial, no así en las candidaturas para las elecciones legislativas, lo que repercutió negativamente en la cantidad de escaños obtenidos por éstas (la izquierda se hizo con 3 de los 45 escaños de la Cámara de Senadores y a 2 de los 80 de la Cámara de Diputados). Mientras que los sectores conservadores, tanto aliados como opositores al gobierno quedaron con mayoría parlamentaria, con un triunfo de la ANR en ambas cámaras. El Paraguay eligió un gobierno de marcada orientación progresista y un parlamento de claro signo conservador (González Bozzolasco, 2013ª, pp. 87-8).
Al mismo tiempo, las organizaciones y movimientos sociales habían experimentado una importante merma en su capacidad movilizadora, a partir de las últimas luchas contra las privatizaciones en el año 2002. En cierta forma, podría hablarse de un desplazamiento de los sectores sociales y políticos progresistas desde la escena de lucha gremial a una mayormente institucional (Sánchez, González Bozzolasco y Martínez Escobar, 2020, pp. 287-8). Esta situación volvió aún más frágil el contrapeso que los sectores vinculados a las organizaciones sociales y a las fuerzas políticas progresistas podría ofrecer ante la preponderante fuerza liberal en todos los espacios de poder.
El gobierno de Lugo fue un reflejo de su contradictoria composición, sin base parlamentaria propia y con un gabinete que reflejaba la composición de la amplia alianza que lo llevó a la presidencia: por un lado, una mayoría liberal que aspiraba a mayores espacios en la estructura del Estado y usaba su poder de veto como moneda de canje; por el otro, sectores progresistas fraccionados, sin base social movilizada y debilitada por la carencia de representación parlamentaria significativa. Así transcurrió un accidentado periodo, intentando ampliar la cobertura de algunos programas sociales iniciados en la gestión anterior y realizando mínimos cambios en otras políticas públicas.
Las constantes oscilaciones en la postura política del presidente, junto con su estrategia de posicionarse por encima de los conflictos, intensificaron las dificultades para avanzar en el proceso. En múltiples ocasiones, las iniciativas gubernamentales, implementadas de manera vacilante y con poca determinación, fueron revertidas en respuesta a la presión conservadoras ejercida por grupos de poder económico y político. Finalmente, la mencionada carencia de fuerza parlamentaria propia, así como la imposibilidad de consolidar una fuerza social y ciudadana movilizada, le costaron a Fernando Lugo su permanencia en el poder. Su destitución, en junio de 2012, impulsada por los sectores más conservadores de la sociedad paraguaya, tuvo lugar tras los trágicos hechos acontecidos en un conflicto de tierras con organizaciones campesinas.[4]
Nueva primacía conservadora
Más allá de los intentos discursivos e institucionales de hacer ver el corte abrupto del gobierno de Lugo como un proceso enmarcado en las normas vigentes, la sociedad paraguaya acusó el golpe. Antes de consolidar los procesos institucionales de la democracia paraguaya, este hecho expuso su vulnerabilidad. Así, tanto detractores como partidarios del gobierno depuesto, además del amplio espectro ciudadano contemplado entre los mismos, fueron testigos de las fragilidades institucionales de la democracia paraguaya, los extremos a los que llegan los conflictos políticos en el país y el carácter excesivo que alcanzan las reacciones y ataques de los actores en pugna. Tras el cambio de gobierno, muchos de los moderados avances en materia de prestaciones y servicios sociales con enfoque de derechos se vieron afectados. En contrapartida, se desarrollaron rápidas medidas tendientes a favorecer a los sectores de poder económico del país.
Tras la destitución de Lugo asumió el mando del gobierno su vicepresidente, Federico Franco, uno de los articuladores de su caída. Con esta movida, los principales referentes del Partido Liberal pretendieron garantizar un nuevo triunfo ante el Partido Colorado en las elecciones presidenciales del 2013; esta vez, ya de la mano de un candidato liberal a la cabeza: el senador y exministro de Obras Públicas del gobierno de Lugo, Efraín Alegre. Por tanto, se encargaron de reestructurar todos los cargos del gobierno ubicando a referentes y candidatos liberales. Al mismo tiempo, el breve gobierno de Franco ⎯que se extendió por apenas 13 meses⎯ avanzó en algunas medidas afines a los intereses de los sectores de poder económico dominantes en el país como, por ejemplo, aquellos vinculados con el agronegocio. De esta manera, Franco aprobó el uso de semillas transgénicas en diferentes rubros productivos y flexibilizó las ya laxas normativas que reglamentaban el uso y fumigación de cultivos, especialmente de soja (González Bozzolasco, 2013a, pp. 91-4).
En el ámbito del Partido Colorado se consolidó como principal figura para las elecciones presidenciales el acaudalado empresario tabacalero Horacio Cartes. Con cierta semejanza al caso de Fernando Lugo en las elecciones del 2008, resurgió en la escena política local la figura del outsider, aunque ahora desde dentro del principal partido político del país. El triunfo de Cartes en las elecciones presidenciales de abril de 2013 no solo significó el retorno de la ANR al poder tras un breve interregno, sino también se constituyó en una reafirmación conservadora en la política paraguaya, en sintonía con una ola conservadora tecnocrática en ascenso en buena parte de Latinoamérica (Nercesian, 2020). Su agenda prioritaria se centró en trabajar sobre el déficit fiscal generado en el gobierno de Franco, modernizar la administración pública y atraer inversiones extranjeras. En tal sentido, propuso un gabinete mayoritariamente tecnócratas sin militancia partidaria, antes de optar por los dirigentes políticos tradicionales del partido con el que llegó al poder, y otorgó importantes funciones a varios de los principales ejecutivos de sus empresas.
Apenas iniciado su gobierno, el nuevo presidente logró el apoyo mayoritario de los parlamentarios y líderes de su partido. Asimismo, el gobierno consiguió consolidar una alianza parlamentaria con determinados sectores del Partido Liberal y de la izquierda, lo que le permitió aprobar un conjunto de leyes fundamentales que delinearon el rumbo de su gestión. Entre ellas se destacan: la Ley de Alianza Público-Privada, orientada a fomentar la participación del capital privado en proyectos públicos, lo que facilita procesos de privatización y concesión de servicios estatales; la Ley de Responsabilidad Fiscal, que impone a los poderes del Estado la obligación de mantener el déficit fiscal por debajo del 1,5% del PIB; y la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de desplegar fuerzas militares para tareas de seguridad interna sin necesidad de autorización previa por parte del Congreso Nacional (González Bozzolasco, 2017). Estas medidas marcaron la hoja de ruta de una nueva impronta neoconservadora en la política paraguaya que se inscribirá en las nuevos trazos y corrientes marcados por las derechas en toda la región (Velasco, Kaysel y Codas, 2015, p. 10).
Conclusiones
Como pudo observarse a lo largo de estas líneas, la consolidación de una nueva escena política neoconservadora en el Paraguay es el resultado de un largo derrotero de pujas y confrontaciones sociales y políticas en distintos contextos históricos. Si el stronismo se configuró como una propuesta de modernización conservadora en tanto que no amenazó con socavar las bases sobre las que se erigía el poder de los grupos económicos dominantes, no pudo evitar ser a la vez el caldo de cultivo de procesos críticos y miradas superadoras por parte de los movimientos sociales y renovados actores políticos.
La caída del régimen stronista y el inicio de la transición a la democracia, tuvo como uno de sus componentes centrales un nuevo contexto político-económico que reformuló el conservadurismo en clave de neoliberal. Esto supuso una rearticulación de diversos actores organizados de cara a los nefastos efectos generados por las políticas de ajuste estructural. En tal sentido, la resistencia ante la reconfiguración del Estado orientada a su reducción o achicamiento por la vía de la privatización se constituyó en la principal trinchera de disputa.
Las propuestas posneoliberales, con una clara impronta progresista, fueron sin dudas un innovador ejercicio para repensar la política paraguaya, lejos de los tradicionales intereses de las élites económicas del país. Tales experiencias resultaron tan innovadoras como problemáticas en la medida de que no lograron sortear las dificultades que sus respectivas coyunturas le impusieron. Así, el progresismo en el seno del Partido Colorado no encontró las vetas para su continuidad como tampoco el progresismo surgido como alternativa opositora consiguió concluir una propuesta de gobierno superadora de las disputas y amenazas surgidas en sus propias filas. Esto nos habla de las dificultades de superar las férreas estructuras conservadoras imperantes en la sociedad paraguaya pero también de las potencialidades y posibilidades de desafiarlas.
Finalmente, el ascenso del neoconservadurismo, con su impronta tecnocrática, replantea las prioridades del Estado en clave de redefinir las reglas del juego político, económico y social a partir de las necesidades y demandas de sectores políticos y empresariales que cobraron protagonismo en los últimos años. Pese a su fuerza, queda por verse si este nuevo conservadurismo logra (o no) imponerse, dado que sus adversarios no solo es el movimiento social y popular, sino que también fracciones o sectores pertenecientes a las mismas élites económicas, aunque con intereses particulares y contrapuestos.
Referencias
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Sobre el autor: Ignacio González Bozzolasco: sociólogo, investigador y docente universitario. Investigador PRONII-CONACYT, Paraguay. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magíster en Historia del Paraguay por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Especialista en Ciencias Sociales con Mención en Desarrollo Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Paraguay y Licenciado en Sociología por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA). Actualmente se desempeña como investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, docente escalafonado en la misma casa de estudios y Miembro Titular, representante por las Centrales Sindicales, en el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT). |
[1] La represa hidroeléctrica de Itaipú es un emprendimiento binacional, llevado adelante por los estados brasileño y paraguayo en las aguas del compartido río Paraná. El tratado que le dio origen fue firmado en el año 1973 y, al año siguiente, fue constituía la Entidad Binacional Itaipú que llevó adelante la construcción de la represa. Desde su construcción y puesta en marcha, hasta inicios del siglo XXI fue la central eléctrica más grande del mundo.
[2] La misma tuvo lugar en el mes de setiembre de 1958 y terminó con la intervención de la CPT por parte del gobierno. Este proceso derivó en el descabezamiento de gran parte de los sindicatos, el apresamiento y exilio de varios dirigentes sindicales (González Bozzolasco, 2013b, p. 33).
[3] De los principales partidos de la derecha no colorada solo el PLRA participó de manera íntegra en la APC. Los partidos Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) —del general Lino César Oviedo— y el Partido Patria Querida (PPQ) —de la derecha católica, entoces liderada por el empresario Pedro Fadul— retiraron el apoyo inicial ofrecido al ex obispo y optaron por lanzar candidaturas propias. Sin embargo, ninguna de esas fuerzas políticas pudo evitar una importante fuga de votos de sus bases hacia el candidato de la APC.
[4] Los sucesos se inician el 15 de junio de 2012, cuando el Ministerio del Interior ordena el desalojo de una propiedad en litigio judicial en la zona de Curuguaty, lo que da como resultado un enfrentamiento violento entre ocupantes y la fuerza policial. En el hecho terminaron muertas 17 personas (11 campesinos y 6 policías), además de decenas de campesinos heridos y apresados.