DOI: https://doi.org/10.47133/respy44-26-1-1-edit
BIBLID: 0251-2483 (2026-1), 1-10

Ciencias Sociales:
la utilidad como coartada

Social Sciences:
Utility as a Pretext

Carlos Anibal Peris^1
1Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción,
Centro de Estudios Antropológicos.
Asunción, Paraguay.
Contacto: carlosperisc@gmail.com

El jueves 26 de marzo de 2026, reunido en Pensacola, el Board of Governors del sistema universitario público de Florida trató una moción que no figuraba en el temario. Cuatro instituciones —North Florida, Gulf Coast, Florida A&M y South Florida— habían solicitado retirar "Introducción a la Sociología" de sus respectivas listas de educación general. El canciller del sistema fue más lejos que lo pedido y mocionó extender la medida a las doce universidades estatales. Se votó ese mismo día y se aprobó (Waagmeester, 2026; Palmer, 2026). Tres semanas más tarde, los colegios universitarios públicos del estado adoptaron el mismo criterio (Rivero, 2026).

La medida no prohíbe enseñar Sociología. La asignatura permanece disponible en las doce universidades, ahora en condición de electiva, y quien quiera cursarla podrá hacerlo a partir del ciclo 2026-2027. Lo que cambió es su lugar en la arquitectura curricular: dejó de integrar el conjunto de materias que todo estudiante debe aprobar para graduarse, cualquiera sea su carrera.

La diferencia parece menor y no lo es. Los docentes del sistema habían advertido antes de la votación cuál es la consecuencia esperable (Waagmeester, 2026). Supóngase un departamento de tamaño medio en cualquiera de esas universidades. En 2027 pierde la mitad de sus inscriptos, porque los estudiantes de otras carreras que antes cursaban la asignatura obligatoriamente ya no la necesitan. En 2029, con las comisiones a media capacidad, la universidad no renueva dos cargos vacantes. En 2031 el departamento aparece en la lista de programas de bajo rendimiento y se lo fusiona con otro. Ninguna de esas tres decisiones requiere mencionar el contenido de la materia. A esa altura ya no hace falta discutir qué enseña la Sociología: bastan las planillas de matrícula. El ejemplo es hipotético, pero la cadena no lo es, y su primer eslabón ya está puesto.

Sobre el origen doctrinario de la decisión no hay margen interpretativo. La Ley SB 266, sancionada en 2023, prohibió que los cursos del núcleo común incluyeran contenidos que "distorsionen" hechos históricos significativos o enseñen política de identidades. Una norma complementaria vedó la enseñanza de conceptos calificados de especulativos o no probados, y entre ellos se listó expresamente la desigualdad sistémica (Palmer, 2026; Rivero, 2026). El propio Board elaboró y distribuyó un programa y un manual revisados de la asignatura, con supresión de unidades completas sobre raza, género y desigualdad social, luego de que las autoridades estatales dictaminaran que todos los textos disponibles en el mercado infringían la ley (Thomas, 2026; Rivero, 2026). Al fundamentar su moción, el canciller objetó que la American Sociological Association hubiera desplazado su misión desde la comprensión de la sociedad hacia su transformación (Waagmeester, 2026). La objeción no es presupuestaria ni pedagógica. Discute qué debe hacer una disciplina, y lo hace desde fuera de ella.

Leído hasta aquí, el episodio confirma el diagnóstico que circuló de inmediato en el debate latinoamericano: las ciencias sociales están siendo desmanteladas porque incomodan. El diagnóstico no es falso. Deja fuera, sin embargo, dos series de hechos que ocurrieron en paralelo y que modifican el cuadro considerablemente.

Lo que la denuncia no alcanza a explicar

La primera serie es presupuestaria. Durante el mismo semestre, las universidades públicas de Indiana discontinuaron o suspendieron centenares de programas, y la Universidad de Syracuse consolidó, cerró o pausó cerca de un centenar de carreras de grado y posgrado (Nietzel, 2026a). Syracuse es privada y no tiene una legislatura estatal encima. Cayeron Sociología y Estudios Hispánicos, pero también Lenguas Modernas, Estudios Religiosos, Consejería en Rehabilitación y una lista larga de programas que ningún observador razonable calificaría de ideológicamente sospechosos. El criterio invocado fue la matrícula y el déficit, en un marco de retracción del financiamiento estatal, recortes en los fondos federales de investigación y presión sobre los rendimientos de las dotaciones patrimoniales. Quien lea esas decisiones como una ofensiva contra el pensamiento crítico estará describiendo una crisis de financiamiento con el vocabulario de la persecución, y errará el pronóstico sobre lo que viene.

La segunda serie es más incómoda, porque es interna y antecede a las otras dos. La Sociología estadounidense venía perdiendo estudiantes mucho antes de que existiera legislación restrictiva alguna. Sobre datos del sistema federal IPEDS, Monaghan (2026) establece que desde 2005 los egresos de la carrera cayeron un cuarenta por ciento como proporción del total de titulaciones, y que desde 2013 la caída fue del veinticinco por ciento en números absolutos. El descenso atraviesa prácticamente todos los grupos de estudiantes: por género, por adscripción étnica, por selectividad de la institución, por sector público o privado.

Lo relevante de ese trabajo no es la magnitud sino la dirección de la fuga. Si los estudiantes estuvieran escapando de un supuesto adoctrinamiento, sería esperable que escaparan también de las disciplinas vecinas. No ocurre: los modelos de efectos fijos de Monaghan no encuentran evidencia de traslado hacia otros campos de orientación progresista ni hacia el resto de las ciencias sociales, Psicología incluida. Si estuvieran siendo absorbidos por la ola tecnológica, los destinos serían otros de los que son. Lo que aparece es una migración hacia campos aplicados: Administración, carreras de salud, Trabajo Social, Políticas Públicas, Justicia Penal. Todas ofrecen algo que la Sociología dejó de ofrecer con claridad, que es un oficio nombrable al momento de graduarse. Cabe subrayar que el estudio no avanza sobre las razones de esa preferencia ni está diseñado para hacerlo, y que la interpretación que sigue corre por cuenta de quien escribe.

La migración tiene un rasgo que suele pasarse por alto. Los estudiantes no se apartaron del interés por lo social. Justicia Penal y Trabajo Social son Sociología aplicada bajo otro rótulo y con otra promesa laboral. Lo que la carrera perdió no fue el tema, sino el monopolio sobre la forma de tratarlo.

El fenómeno tampoco es reciente. Brint, Proctor, Mulligan, Rotondi y Hanneman (2012) documentaron la contracción sostenida de campos académicos enteros en las universidades estadounidenses desde 1970. Grubb y Lazerson (2005) describieron el desplazamiento cultural que la sostiene: la universidad convertida, poco a poco, en una promesa de empleabilidad, con el consiguiente traslado de prestigio hacia las formaciones que exhiben una salida laboral identificable. Un cuarto de siglo de esa deriva antecede a cualquier ley de Florida.

Nada de esto absuelve a nadie. La intervención estatal sobre el contenido de una asignatura es ilegítima con independencia de cuántos estudiantes la cursen, y quien la ejecuta no adquiere razón porque el terreno estuviera erosionado de antemano. Pero una comunidad académica que solo sepa nombrar la erosión ajena se queda sin explicación para la propia y sin instrumentos para revertirla. Gouldner (1970) sostenía que la Sociología únicamente se renueva cuando acepta aplicarse a sí misma los procedimientos que aplica a los demás, y la advertencia envejeció bien.

El argumento de la rentabilidad, tomado en serio

La objeción de fondo se escucha cada vez más en Paraguay. Las ciencias sociales no producen, constituyen un gasto, y el sistema haría mejor en volcar sus recursos a formaciones técnicas de retorno inmediato; todos deberían aprender a programar y el pensamiento crítico es un lujo de otra época. Antes de rechazarla conviene consultar los datos de empleo que ella misma invoca.

En febrero de 2026, el Federal Reserve Bank of New York publicó su actualización anual de resultados laborales por carrera, construida sobre datos censales de 2024 y referida a graduados de entre 22 y 27 años en setenta y tres campos de estudio. La carrera con mayor desempleo entre graduados recientes resultó ser Antropología, con 7,9 por ciento. En el mismo pelotón aparecieron Artes Plásticas con 7,7, Ingeniería en Computación con 7,5, y Artes Escénicas y Ciencias de la Computación con 7,0 cada una. El promedio del conjunto de las carreras fue 4,2 (Nietzel, 2026b; Federal Reserve Bank of New York, 2026).

Corresponde una precaución metodológica que los usos periodísticos de esa tabla suelen omitir, y que debilita el argumento tanto de un lado como del otro. La tasa de desempleo contabiliza únicamente a quienes buscan trabajo de manera activa. Un campo con perspectivas realmente malas puede exhibir una tasa baja porque una porción de sus graduados abandonó la búsqueda. Medida por la proporción de graduados efectivamente ocupados, la situación de los egresados en computación mejora bastante respecto de lo que sugiere el ordenamiento (Economic Innovation Group, 2025). La objeción alcanza también, y con más fuerza, a las carreras artísticas y a las ciencias sociales, cuyos indicadores de subempleo son peores que los de desempleo. Justicia Penal, una de las carreras aplicadas que absorben estudiantes de Sociología, encabeza el subempleo con 65,8 por ciento contra un promedio de 39,4 (Nietzel, 2026b). Ingeniería en Computación y Ciencias de la Computación, mientras tanto, retienen los salarios iniciales más altos del sistema —noventa mil y ochenta y siete mil dólares— y algunas de las tasas de subempleo más bajas.

Hecha la salvedad, lo que resta es un punto de alcance modesto pero de consecuencias directas para quien legisla. Imagínese un estudiante que se inscribió en Ciencias de la Computación en 2019, cuando la carrera se recomendaba como el seguro contra el desempleo, y que se graduó en 2024 dentro del mercado que describe la tabla anterior. Imagínese ahora a su hermano menor, que en 2026 lee esa misma tabla, decide que la computación es una trampa y elige otra cosa. Se recibirá en 2031, en un mercado sobre el cual la tabla de 2026 no dice absolutamente nada. Los dos habrán tomado una decisión razonable con la mejor información disponible, y los dos habrán apostado contra un plazo que no controlan.

Ese es el problema de calibrar una política curricular sobre la demanda laboral de un sector. Entre el ingreso y la graduación median cinco años, y el ordenamiento de las carreras por empleabilidad se reacomoda más rápido que eso. La tabla de 2026 no se parece a la de 2019. Un Estado que cierra carreras siguiendo esa señal hereda la volatilidad del sector, y la hereda con un rezago que lo vuelve estructuralmente tardío. Florida, dicho sea de paso, no reformó su núcleo común invocando proyecciones ocupacionales; lo hizo por las razones que declaró. Fueron Indiana y Syracuse quienes apelaron al argumento de la demanda, y lo hicieron en el año en que la demanda desmintió a sus propios profetas.

Queda una segunda debilidad, más difícil de discutir con planillas. El razonamiento de la rentabilidad evalúa la formación universitaria por su retorno privado y no dispone de casilla para lo que Nussbaum (2010) identificó como función constitutiva de la educación democrática: producir ciudadanos capaces de examinar críticamente sus propias tradiciones y de representarse la posición de otro. La objeción es conocida y también es vulnerable, porque opone un beneficio difuso, de larga maduración y de medición esquiva, a un costo presupuestario concreto y anual. Este editorial no pretende haberla zanjado.

Sobre la importación de diagnósticos

Nada de lo anterior describe la situación paraguaya, y hay razones para desaconsejar el traslado mecánico del marco estadounidense a un país cuyo problema tiene signo contrario. Aquí no existe un excedente de sociólogos ni una matrícula históricamente masiva en retroceso. Existe una demanda insatisfecha de investigación empírica sobre criminalidad organizada, migración, desigualdad territorial, seguridad pública, gestión municipal y evaluación de política estatal, y una capacidad instalada que no llega a cubrirla.

El riesgo local es de otro orden y bastante menos visible. Supóngase que un intendente del Departamento Central necesita decidir dónde instalar dos centros de atención con presupuesto para dos y demanda declarada en once distritos. No hay estudio previo, no hay línea de base, no hay quien la levante en el plazo que exige el ejercicio presupuestario. La decisión se toma igual, por criterio político o por intuición, y nadie registra que se tomó a ciegas. Ese es el modo en que las ciencias sociales desaparecen de un país sin que nadie clausure nada ni firme resolución alguna. No produce titulares. Tampoco produce indignación, porque no hay a quién acusar.

Conviene detenerse un momento en la historia de la disciplina en el país, porque el antecedente es pertinente y se lo invoca poco. El Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos se fundó el 12 de marzo de 1964 y ese mismo año apareció el primer número de la Revista Paraguaya de Sociología. La fecha no es casual ni exclusivamente local. La creación del CPES se inscribió en el impulso regional a la institucionalización de las ciencias sociales que acompañó a la Alianza para el Progreso, con financiamiento de fundaciones estadounidenses y vínculos tempranos con CEPAL, FLACSO y CLACSO. Domingo Rivarola había tomado contacto en Buenos Aires con el Instituto Di Tella, con Gino Germani, Jorge Graciarena y Aldo Solari, y de esa relación surgió buena parte del proyecto (Soler, 2018). Todo eso ocurrió con la Universidad Nacional intervenida y en plena dictadura. La carrera de Sociología se creó en 1971 en la Universidad Católica, fundada apenas once años antes, en ese mismo contexto.

Es decir que la Sociología paraguaya se institucionalizó bajo condiciones políticas incomparablemente más adversas que las que hoy enfrentan las universidades de Florida, y lo hizo sin necesidad de discutir su derecho a existir. Lo hizo produciendo investigación sobre estructura agraria, urbanización, educación y campesinado, y distribuyéndola dentro y fuera del país. Rivarola, que murió el 31 de enero de 2025, construyó ese campo por acumulación de trabajo verificable antes que por reivindicación de su importancia.

De ahí se sigue una consecuencia práctica. Contra la intervención política sobre el currículo, el repertorio disponible es conocido: libertad académica, autonomía universitaria, litigio, presión colegiada. Contra la pérdida de matrícula ese repertorio no rinde nada, y es este segundo frente el que exige atención en Paraguay, porque es el que está abierto. Ningún estudiante elige una carrera porque su claustro haya emitido una declaración en defensa del pensamiento crítico. Lo que decide una inscripción es la percepción de que esa formación habilita a hacer algo que no se aprende en otra parte. Esa percepción se construye con investigación publicada, con datos que el Estado necesite y no tenga, con convenios que pongan a estudiantes en municipios y ministerios, y con egresados ubicados en posiciones donde su formación resulte visible. Burawoy (2022) y Calhoun (2022), desde posiciones distintas dentro del debate estadounidense, coinciden en que la disciplina no se sostiene por su vértice crítico cuando los vértices profesional y público se han vaciado. La coincidencia es llamativa precisamente porque discrepan en casi todo lo demás.

Para una comunidad académica pequeña, la tentación consiste en asumir una postura defensiva frente a una hostilidad que aquí todavía no adopta forma normativa, y postergar entretanto la tarea que sí está pendiente. Denunciar un cierre ajeno cuesta una declaración. Producir evidencia propia cuesta años de trabajo de campo, financiamiento que no siempre existe y una disposición a que los resultados contradigan las expectativas de quien los encargó.

Referencias

Brint, S., Proctor, K., Mulligan, K., Rotondi, M. B., & Hanneman, R. A. (2012). Declining academic fields in U.S. four-year colleges and universities, 1970–2006. The Journal of Higher Education, 83(4), 582–613. https://doi.org/10.1080/00221546.2012.11777258

Burawoy, M. (2022). The state of US sociology: From crisis to renewal. Critical Sociology, 48(2), 193–196. https://doi.org/10.1177/08969205211069419

Calhoun, C. (2022). For sociology: May our arguments unite us. Critical Sociology, 48(2), 197–203. https://doi.org/10.1177/08969205221075652

Economic Innovation Group. (2025, 14 de agosto). A viral chart on recent graduate unemployment is misleading. Agglomerations. https://agglomerations.eig.org/p/a-viral-chart-on-recent-graduate

Federal Reserve Bank of New York. (2026). The labor market for recent college graduates. https://www.newyorkfed.org/research/college-labor-market

Gouldner, A. W. (1970). The coming crisis of Western sociology. Basic Books.

Grubb, W. N., & Lazerson, M. (2005). Vocationalism in higher education: The triumph of the education gospel. The Journal of Higher Education, 76(1), 1–25. https://doi.org/10.1080/00221546.2005.11772273

Monaghan, D. B. (2026). A crisis of discipline: The decline of sociology as an undergraduate major in United States in the 21st century. The American Sociologist, 1–20. https://doi.org/10.1007/s12108-026-09692-8

Nietzel, M. T. (2026a, 2 de abril). Academic purges continue as more colleges close their degree programs. Forbes. https://www.forbes.com/sites/michaeltnietzel/2026/04/02/academic-purges-continue-as-more-colleges-close-their-degree-programs/

Nietzel, M. T. (2026b, 23 de febrero). Unemployment and underemployment rates among recent college graduates. Forbes. https://www.forbes.com/sites/michaeltnietzel/2026/02/23/unemployment-and-underemployment-rates-among-recent-college-graduates/

Nussbaum, M. C. (2010). Not for profit: Why democracy needs the humanities. Princeton University Press.

Palmer, K. (2026, 30 de marzo). Florida deals another blow to sociology. Inside Higher Ed. https://www.insidehighered.com/news/quick-takes/2026/03/30/florida-deals-another-blow-sociology

Rivero, D. (2026, 17 de abril). Florida public colleges follow universities in scrapping sociology from core curriculum. WLRN. https://www.wlrn.org/education/2026-04-17/florida-public-colleges-sociology-curriculum

Soler, L. (2018). Los oficios del sociólogo en Paraguay. FLACSO Paraguay.

Thomas, Z. (2026, 26 de marzo). Sociology scrapped from general education in Florida universities. The Independent Florida Alligator. https://www.alligator.org/article/2026/03/sociology-removed

Waagmeester, J. (2026, 26 de marzo). Sociology no longer a general education course at Florida universities. Florida Phoenix. https://floridaphoenix.com/2026/03/26/sociology-no-longer-a-general-education-course-at-florida-universities/