DOI: https://doi.org/10.47133/respy44-26-1-1a-04
BIBLID: 0251-2483 (2026-1), 147-180
Cárcel-mercado: reglas comerciales claras vs. procesos judiciales laberínticos en las penitenciarías de Paraguay
Prison-Market: Clear Commercial Rules vs. Labyrinthine Judicial Processes in Paraguay’s Penitentiaries
Juan Alberto Martens Molas1 
1Universidad Nacional de Pilar, Pilar, Paraguay.
Roque A. Orrego Orué 2
2Universidad Nacional de Pilar, Pilar, Paraguay.
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Correspondencia: j.martemo@gmail.com Articulo enviado: 12/11/2025 Articulo aceptado: 30/4/2026 Contribución de los autores: Juan A. Martens Molas: conceptualización del artículo. Producción y análisis de información. Observación participante y entrevistas con sobrevivientes, funcionarios y agentes penitenciarios. Redacción del artículo. Roque A. Orrego Orué: producción y análisis de la información. Análisis documental. Lectura y aportes del borrador. Conflictos de Interés: ninguno que declarar. Fuente de financiamiento: sin fuente de financiamiento. ·
Editor responsable: Carlos
Anibal Peris ·
Revisor 1: Sarah Patricia Cerna ·
Revisor 2: Luís Fretes
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Resumen: En Paraguay, las cárceles son un reflejo extremo de las desigualdades sociales del país. Este artículo etnográfico analiza cómo los establecimientos penitenciarios funcionan como mercados regulados a través de negociaciones, dinero y poder, donde las relaciones entre funcionarios, internos y familiares se organizan bajo claras reglas económicas antes que jurídicas. A partir de un trabajo sistemático en cárceles desde 2005, y actualizado con trabajos de campo, entre 2023 y 2025, en cinco penitenciarías, este artículo reconstruye las dinámicas cotidianas que sostienen este sistema informal: los costos del ingreso y la visita, el pago por celdas y servicios, las jerarquías internas de cobro y las batallas, nombre que los privados de libertad dan a las actividades que les generan ingresos. La metodología combina observación participante, entrevistas y conversaciones prolongadas con internos y personal penitenciario, desde una posición reflexiva que reconoce la cooperación y confianza construidas en el campo, a lo largo de los años de trabajo en penitenciarías. Los datos son producidos y leídos con enfoques de la criminología crítica y la economía política del castigo, articulando los aportes de Foucault, Baratta, Rusche y Kirchheimer con los estudios recientes sobre cogobierno penitenciario y gobernanza criminal en América Latina. Los hallazgos muestran que la cárcel paraguaya no solo castiga, sino que comercializa la supervivencia: todo tiene precio y todo puede negociarse. Mientras las transacciones económicas internas son predecibles, el mundo jurídico, es decir, procesos, cómputos, audiencias, es un laberinto de incertidumbre. Así, la prisión se constituye en un espacio de administración económica del castigo, que genera millones de guaraníes mensualmente que son distribuidos meticulosamente entre agentes penitenciarios, directores, funcionarios administrativos y sus padrinos políticos.
Palabras clave: Gobernanza carcelaria, cárcel-mercado, economía del castigo
Abstract:
In Paraguay, prisons represent an extreme reflection of the country’s social
inequalities. This ethnographic article analyzes how penitentiary institutions
operate as regulated markets structured through negotiation, money, and power,
where the relationships between staff, inmates, and relatives are organized by
clear economic rather than legal rules. Based on systematic prison research
conducted since 2005, and updated through fieldwork carried out between 2023
and 2025 in five penitentiaries, the article reconstructs the everyday dynamics
that sustain this informal system: entry and visiting fees, payments for cells
and services, internal hierarchies of collection, and the batallas, a term used
by inmates to refer to income-generating activities. The methodology combines
participant observation, interviews, and long-term conversations with inmates
and prison staff, from a reflexive standpoint that recognizes the cooperation
and trust built over years of fieldwork inside penitentiaries. The data are
produced and interpreted within the frameworks of critical criminology and the
political economy of punishment, articulating the contributions of Foucault,
Baratta, Rusche, and Kirchheimer with recent studies on prison co-governance
and criminal governance in Latin America. The findings show that the Paraguayan
prison not only punishes but also commercializes survival: everything has a
price, and everything can be negotiated. While internal economic transactions
are predictable, the legal sphere, processes, sentence calculations, hearings,
constitutes a labyrinth of uncertainty. Thus, the prison emerges as a space of
economic administration of punishment, generating millions of guaraníes
monthly, meticulously distributed among prison agents, directors, administrative
officials, and their political patrons.
Keywords: Prison governance, prison market, political economy of punishment
Introducción
Las siguientes dos historias de personas privadas de libertad plantean el tema que aborda este artículo: cómo y por qué el sistema penitenciario paraguayo funciona como una cárcel-mercado. Un espacio donde la seguridad, los permisos, y los bienes legales e ilegales tienen precios y reglas muy claras de ingreso y circulación. A su vez, los procedimientos legales, establecidos para garantizar derechos, se vuelven laberínticos, sin lógica aparente. Este modelo, además, hace que las penitenciarías de Paraguay sean más que nada centros criminógenos antes que de tratamientos, conforme al mandato constitucional, donde se reproduce la desigualdad social. Todos los nombres mencionados en este trabajo son seudónimos que se emplean para salvaguardar la identidad y confidencialidad de las personas interlocutoras.
Isacio está recluido desde 2019. Los primeros años estuvo en Tacumbú y posteriormente fue trasladado a una cárcel del centro sur de la Región Oriental, donde permanece. Cuando le conocí en 2023, ya estaba condenado a 28 años. Me explicó todo su proceso en detalles, pero desconocía que la Cámara de Apelaciones había confirmado su sentencia, por lo que la misma se hallaba firme y no admitía recursos ordinarios. En esta etapa solo restaba el cómputo definitivo de la pena e iniciar formalmente el periodo de ejecución. Estaba sin abogado, pues el que le asistió en el juicio oral había renunciado. Le debían asignar un defensor público, pero no se concretó. Quedé en averiguar quién debía asumir su causa. No fue fácil, pues el de la ciudad de San Lorenzo, a quien le correspondía por el lugar del hecho, me explicó que el expediente fue derivado a la capital, Asunción, y el de allí, a su vez, me dijo que ya fue al interior, “ahí cerca de donde está cumpliendo su condena”. Aun con la intervención de una jueza de ejecución y varias llamadas de otro defensor público local, Isacio seguía sin que se le designara un abogado diez meses después de su requerimiento al Ministerio de la Defensa Pública.
Mientras tanto, Isacio batalla[1] y con el producto de su trabajo contribuye a la economía de su familia y a la educación de sus siete hijas e hijos. Como se reconoce conversador y alguna vez fue gerente de clubes nocturnos en la capital, explica que se dedica a gestionar con éxito citas amorosas, y mantiene relaciones íntimas virtualmente, desde distintos perfiles que administra. Toda su actividad es posible gracias a que posee un teléfono de alta gama que permite grabar, enviar videos, y tiene acceso ilimitado a internet durante las 24 horas. Para acceder al dispositivo pagó poco menos de 100 dólares, y por cada monto que genera debe entregar un 15% al jefe de seguridad.
A 470 kilómetros al norte, en otra penitenciaría regional, está recluido Rubio, acusado de gestionar el envío de marihuana al Brasil. Fue detenido en los primeros meses de 2020 y condenado por dos delitos, a finales de 2024, a 12 y 18 años de prisión, respectivamente. El juicio se desarrolló en Asunción, distante poco más de 300 kilómetros, sin que él se moviera de la penitenciaría, pues las audiencias fueron telemáticas. La duración de las sesiones de juzgamiento variaba entre media hora y un máximo de hora y media, y no eran diarias. La primera causa concluyó en 90 días, y la segunda, en 60. La mala conexión a internet impedía que comprendiera lo que estaba aconteciendo y el progreso de la causa. En los dos procesos fue asistido por defensores públicos, con los que nunca habló personalmente, ni por teléfono, aunque sí con sus asistentes. Cuando le llegó la notificación escrita de su condena, cayó en la cuenta de la cantidad de años que le sancionaron. No sabía si debía firmar o no. Tras una conversación telefónica breve con él, le recomendé que suscribiera el documento de manera que sus abogados continúen el proceso. Sus dos condenas están apeladas.
Él se mantiene en una habitación en la que convive con otras dos personas, en un sector considerado tranquilo dentro de la penitenciaría. Además, alquila otro espacio donde gestiona un puesto de venta de comestibles. Pagó alrededor de mil dólares como derecho de piso para su negocio. “Mientras cumplís (pagar puntualmente) con ellos (los agentes penitenciarios), no te hacen problemas”, explicó (Apuntes del cuaderno de campo, marzo de 2023).
Isacio, con condena firme, forma parte del 39% de los privados de libertad que cuenta con resolución judicial, en tanto que Rubio es uno de los que aún está en régimen de prisión preventiva, al igual que el 61% de los encarcelados en Paraguay, que alberga a 19.562 personas, de entre las cuales 18.417, es decir, el 94%, son hombres, y 1.013 son mujeres, lo que representa apenas el 5,6% de la población. La capacidad de albergue declarada por el Ministerio de Justicia es de 10.434 lugares, por lo que la tasa de ocupación es del 187% (Ministerio de Justicia, 2025).
A partir del 2010 existe una progresiva faccionalización de la población penitenciaria que incide de manera decisiva en el control de la cárcel y en las condiciones de vida de los internos, destacándose dos grupos, en disputa entre sí: el Primer Comando de la Capital, o simplemente PCC, y el Clan Rotela. Por otro lado, se encuentran los autodenominados neutros, sean o no religiosos, que tratan de mantenerse al margen de las disputas entre los dos rivales (Martens Molas, 2019, 2024).
En estas condiciones, el control de las cárceles paraguayas es compartido entre las autoridades penitenciarias y grupos de internos, ya que las reglas que rigen la convivencia al interior de los pabellones están dictadas por estos y responden a lógicas comerciales y de sobrevivencia (Martens Molas, 2024).
Además del hacinamiento y la falta de infraestructura adecuada, el entonces ministro de Justicia, Ángel Barchini (2023-2024) explicó a la viceministra de Economía, Andrea Picaso, la carencia e insuficiente cantidad de personal para el servicio penitenciario, lo que dificulta poner en práctica programas de reinserción que deben existir por mandato legal. Reconoció como estándar internacional un agente penitenciario por cada 10 personas privadas de libertad, mientras que en Paraguay es de 54 por cada agente penitenciario (Ministerio de Justicia, 2023).
Para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP, 2025), el 2024 es un hito en el agravamiento de las condiciones de encierro en las penitenciarías, derivadas de Veneratio, un operativo policial-militar, realizado el 18 de diciembre de 2023, para la retoma[2] de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde se incautaron armas de diversos tipos y calibres, explosivos tipo gel, sustancias estupefacientes, teléfonos celulares y fueron muertas diez personas: un policía y nueve internos (Ministerio Público, 2023). Aunque parezca un contrasentido, se anunció la detención, del privado de libertad, Armando Javier Rotela, líder del Clan Rotela y “la erradicación de los privilegios y potestades de las bandas criminales, una mejor distribución de internos y la presencia institucional y efectiva del Estado en un territorio parcialmente secuestrado para la criminalidad desde hace años” (Agencia de Información Paraguaya, 2023).
Si bien el propio presidente de la República, Santiago Peña, presentó este operativo como una recuperación de la soberanía penitenciaria, “que estaba en poder de clanes criminales y el crimen organizado… y el inicio de una profunda reforma” (Presidencia de la República del Paraguay, 2024), el MNP reconoció que el poder estatal debe ser restablecido, pero dentro del marco de la legalidad y garantizando el derecho a la vida, tanto de funcionarios como de personas que se encuentran bajo custodia del Estado. Igualmente, alertó sobre lo que denominó efecto Veneratio, que agravó las condiciones de hacinamiento en distintos presidios con la llegada de más de 700 internos trasladados desde Tacumbú, así como la apertura apresurada de los pabellones de máxima seguridad, “sin condiciones mínimas, sin programa, sin estructura adecuada, sin gente capacitada y sin profesionales técnicos para sus órganos criminológicos” (MNP, 2025, p. 33).
Función manifiesta y real de la prisión
Dos vertientes teóricas coexisten al tiempo del análisis de la prisión. Por un lado, la legal normativa, constituida por leyes nacionales y tratados internacionales, que fijan los objetivos del encierro y las condiciones mínimas del tratamiento. En el caso paraguayo, los artículos 19, 20 y 21 de la Constitución Nacional establecen la excepcionalidad de la prisión preventiva, la separación de condenados y prevenidos, la pena con fines readaptativos y de protección social, así como condiciones adecuadas de reclusión.
Por otro lado, existen autores que invitan a mirar la cárcel y la pena desde su existencia material e histórica y sus funciones reales, más allá de lo establecido en la norma. En este sentido, son particularmente relevantes para esta investigación los trabajos de Baratta (2001 [1981]), Foucault (2002 [1975]) y Rusche y Kirchheimer (1984 [1939]), quienes desde una perspectiva criminológica crítica y la genealogía del castigo sostienen que la pena tiene una función manifiesta y otra real orientada a la reproducción de desigualdades, la creación de buenos detenidos y la administración de la cuestión social (Baratta, 2001). Al mismo tiempo, la prisión opera como dispositivo disciplinario que fabrica delincuentes y gestiona diferencialmente los ilegalismos, según de quién se trate y su posición socioeconómica (Foucault, 2002); y que las formas y severidad del castigo están históricamente condicionadas por la estructura económica y el mercado de trabajo (Rusche & Kirchheimer, 1984 [1939]).
Investigaciones recientes en países tan disímiles como Bolivia, Perú, Venezuela, Honduras, Brasil y Estados Unidos (Skarbek, 2016) confirman la validez teórica de la propuesta realizada por Sykes (2017), ya en 1958, quien sostiene que para entender la vida carcelaria es fundamental comprender el entorno cotidiano de la sociedad de los cautivos.
Este enfoque de criminología crítica que se adopta como perspectiva analítica permite interrogar la brecha entre lo que la norma promete y lo que las cárceles paraguayas efectivamente producen en términos de control, selectividad y economías intramuros.
Al mismo tiempo, es necesario advertir que la noción clásica de institución total de Goffman (2012 [1961]), utilizada en el análisis de sistemas penitenciarios desde mediados de la década del 60 del siglo pasado, donde la cárcel es concebida como un espacio que monopoliza la administración del tiempo, estableciendo rutinas que rigen la vida de los internos bajo una autoridad centralizada y única, ya es inaplicable para la comprensión de las relaciones de poder en las prisiones latinoamericanas.
Varios autores y autoras documentaron que en contextos de hacinamiento, escasez, corrupción y venta constante de mercaderías políticas (Misse, 2019) emergen situaciones de cogobierno penitenciario, donde facciones carcelarias o pandillas gestionan el orden y mercados intramuros, regulan conflictos e imponen normas de convivencia (Biondi, 2009; Martens Molas, 2019; Paes Manso & Dias Nunes, 2018).
La literatura sobre gobernanza criminal muestra que estos actores no solo resisten el poder penitenciario, sino que lo coproducen, estableciendo reglas, sanciones y precios, un gobierno paralelo, que coexiste con el formal (Lessing & Denyer Willis, 2018). De este modo, en términos funcionales, lejos de un encierro plenamente total, se dan gobiernos híbridos, donde el personal penitenciario delega o tolera control territorial y económico a cambio de una paz carcelaria y/o de recursos, mientras al mismo tiempo, funcionarios y organizaciones de presos extraen rentas y acumulan capitales.
Etnografías sobre el PCC en Brasil y otras regiones cercanas ilustran esta institucionalidad paralela, que incluye códigos normativos, tribunales internos, administración de castigos, que ordena la vida cotidiana y también proyecta poder extramuros (Biondi, 2009; Martens Molas, 2024; Martens Molas, 2019; Paes Manso & Dias Nunes, 2018).
A esta evidencia regional cabe añadir la tesis de Skarbek (2014), quien, a partir del caso estadounidense, en particular el sistema californiano, demuestra que las pandillas carcelarias emergen como proveedoras privadas de gobernanza cuando el Estado resulta incapaz de garantizar protección, derechos de propiedad y cumplimiento de acuerdos internos, aun en países con democracias más consolidadas que las latinoamericanas.
Bajo condiciones de escasez y prohibición, los costos de transacción se elevan y los intercambios de drogas, teléfonos, bienes de consumo (tomates, cebollas y ajos, principalmente para el caso paraguayo) requieren reglas, reputación y coerción creíble: las organizaciones internas fijan precios e impuestos, adjudican territorios, arbitran disputas y administran castigos, estabilizando los negocios y, con ello, el orden cotidiano (Skarbek, 2014).
Lejos de ser un fenómeno exclusivamente latinoamericano, la literatura comparada muestra que la lógica económico-institucional que sostiene estos arreglos se repite en contextos penitenciarios diversos: cuando el mercado intramuros es la principal vía para acceder a seguridad, ubicación, trabajo o comunicación, la vida carcelaria queda condicionada por reglas comerciales y por una legalidad de facto que co-gobierna con la formal (Skarbek, 2014; Lessing & Denyer Willis, 2018). En consecuencia, la prisión ya no puede describirse adecuadamente como institución total en sentido fuerte (Goffman, 2012 [1961]), sino como un régimen híbrido donde el Estado negocia, delega o es desplazado en funciones de regulación, y donde la economía de la escasez organiza la experiencia del encierro (Biondi, 2009; Martens Molas, 2019; Paes Manso & Dias Nunes, 2018; Misse, 2019).
Los desafíos de la investigación en y sobre la prisión
La investigación en y sobre prisiones en el contexto paraguayo con las características antes descritas implica la negociación y alerta permanentes por parte del investigador respecto a cuestiones políticas, metodológicas y de seguridad a ser implementadas durante el proceso, por lo que se considera apropiado para la producción de conocimientos el diseño etnográfico flexible y multisituado (Hammersley & Atkinson, 2022; Marcus, 2018), en el que se preferencian observaciones participantes, conversaciones y entrevistas comprensivas (Kaufmann, 2013 [1948]).
El ingreso al campo requirió de doble negociación y conformidad. Por un lado, la institucional, constituida por directores, jefes de seguridad y agentes penitenciarios, y por otra parte, la de la población penal. El acceso formal no garantiza relaciones de cooperación ni confianza que permitan entablar conversaciones sobre condiciones reales de vida y relaciones de poder penitenciario, aunque sin ella, la producción de conocimiento es aún más dificultosa (Biondi, 2009).
Las informaciones utilizadas en este artículo fueron producidas principalmente mediante tres estrategias metodológicas: observaciones en centros penitenciarios, tanto en pabellones, celdas, patios, portones, cantinas; entrevistas y conversaciones con personas privadas de libertad, sobrevivientes de cárceles, agentes penitenciarios y funcionarios con responsabilidades en el sistema; y revisión de documentos oficiales de procesos penales y registros administrativos.
Con algunos interlocutores de confianza se mantienen conversaciones telefónicas y por sistemas de mensajería de manera frecuente, en ciertos periodos, incluso a diario, abordando tanto cuestiones institucionales como aspectos personales de sus vidas. Se trata de personas con quienes, a lo largo de los años, se fueron tejiendo vínculos de cooperación, apoyo mutuo y amistad. Estas relaciones posibilitan visitas regulares en las mismas celdas de estos interlocutores, dentro de los pabellones y/o en los patios destinados para recibir a familiares y amigos, a los que se ingresa en calidad de amigo más que de investigador. Durante las mismas, se sostienen conversaciones prolongadas y abiertas (Guber, 2016).
Con la colaboración de estos interlocutores de confianza, fue posible dialogar también con otros privados de libertad sobre sus condiciones de vida, su situación procesal, las perspectivas de futuro y los diversos mecanismos de adaptación, solidaridad y subsistencia que desarrollan en el interior del sistema penitenciario, los que varían de un lugar a otro. Estas conversaciones se dan en contextos de intercambio entre el investigador y las personas privadas de libertad, donde no solo se recogen relatos y experiencias, sino que también se ofrecen explicaciones jurídicas, se orienta o direcciona en la presentación de requerimientos institucionales y, en ocasiones, se comparten productos necesarios para la subsistencia interna. De este modo, el vínculo entre investigador e interlocutores se configura como una relación de confianza y cooperación, sostenida en el tiempo y atravesada por prácticas de apoyo mutuo dentro del espacio carcelario (Hammersley & Atkinson, 2022).
El ingreso a la cárcel en calidad de visitante ocasional, y no como investigador, abre la posibilidad de compartir espacios y tiempos con familiares y amigos de personas privadas de libertad. Permite experimentar la espera en las filas que se forman frente al portón principal, bajo el sol o la lluvia, que puede variar de entre cinco minutos a más de una hora, según la cantidad de afluentes (Biondi, 2009).
El procedimiento inicia con la verificación de la cédula y el registro de los datos personales, en el puesto de control del perímetro. Unos quince pasos después, ya en el edificio, llegan las preguntas de rutina: junto a quién se desea ingresar, cuál es el vínculo y a quién se visita. Las miradas de los agentes penitenciarios y revisadores recorren el cuerpo con una mezcla de sospecha y costumbre, cambiando de tono con cada persona. Inmediatamente después se procede al cacheo para verificar que no se oculten entre las ropas o el cuerpo objetos prohibidos. Es un momento que siempre genera temor y nerviosismo por las manos que palparán las partes de cada ingresante. Hay quienes lo hacen de manera brusca, otros rutinariamente y algunos con particular interés, examinando cada bolsillo, entrepiernas, bajo el brazo, cintura, cabeza, zapatos y medias. Durante el procedimiento, todas las personas deben colocarse erguidas, con las piernas separadas y los brazos extendidos en paralelo al suelo, permaneciendo de ese modo el tiempo que fuese requerido.
Quienes portan alimentos, ya sean preparados o productos de la canasta básica, deben abrirlos y exponerlos sobre una mesada para su control. A veces, los revisadores utilizan un trozo de madera que introducen en los recipientes, moviéndolo en círculos para asegurarse de que no haya ocultamientos. La intensidad y minuciosidad del procedimiento varía: depende tanto del humor del agente como de la impresión que cause la persona que intenta ingresar.
Si bien la línea de investigación que sustenta este trabajo viene desarrollándose de manera continua desde 2005, para este artículo se visitaron cuatro penitenciarías regionales, identificadas como I, II, III y IV, y la Penitenciaría Nacional de Asunción. Por razones de ética investigativa y con el fin de resguardar la integridad y seguridad de las personas interlocutoras, se opta por omitir la identificación específica de los establecimientos visitados.
Hallazgos, discusión y análisis
Los hallazgos que se presentan en las siguientes categorías analíticas están construidos a partir de la producción de información en el campo, con auxilio del engranaje teórico de la criminología crítica. Estas son: 1) Los costos de la visita, 2) Pagar por un lugar para cumplir la pena o vivir como paria, 3) El precio de vivir encerrado: equipamientos, servicios y economía cotidiana, 4) Las negociaciones del encierro, 5) Las batallas: economía de la sobrevivencia, 6) El laberinto jurídico del encierro, 7) Las ganancias que produce el encierro. Las primeras categorías son más descriptivas, discutiéndose los hallazgos en las últimas.
Los costos de la visita
Visitar a una persona privada de libertad en Paraguay implica, en la práctica, ingresar a una red de pagos y cobros informales que configuran lo que podría denominarse una economía del acceso a la cárcel. Cada etapa del trayecto, desde el traslado hasta la entrada al pabellón, exige un desembolso que convierte el acto de visitar en un esfuerzo económico sostenido, especialmente para las familias más empobrecidas. Existen penitenciarías que, por su ubicación geográfica, son más costosas de visitar, como se documenta en este trabajo.
El recorrido comienza con el traslado en ómnibus interurbano hasta la capital departamental, donde se ubica la penitenciaría. En todos los casos observados, las cárceles regionales se encuentran alejadas de los centros urbanos y carecen de transporte público directo, por lo que el último tramo del viaje depende de los servicios de taxi o mototaxi. Los taxistas cobran entre 30.000 y 40.000 guaraníes (aproximadamente 3,8 a 5,1 USD) por un trayecto desde la terminal hasta el penal. A la vuelta se debe abonar el mismo monto.
Una vez en el entorno carcelario, el sistema de cobros continúa. En el caso de las mujeres visitantes, para quienes existen códigos específicos de vestimenta, particularmente el uso de faldas largas o vestidos, muchas deben alquilar o comprar prendas adecuadas para poder ingresar. En una de las penitenciarías estudiadas, el alquiler de una falda puede costar hasta 15.000 guaraníes (alrededor de 1,9 USD).
Antes de atravesar el portón principal, quienes portan pertenencias que no pueden ser introducidas, tales como teléfonos, billeteras, joyas, relojes, deben pagar para guardarlas en manos de personal externo o en casilleros informales, con tarifas de 10.000 guaraníes por objeto (1,3 USD). En algunos puntos de control penitenciario, especialmente en la Penitenciaría III, los guardias cobran hasta 50.000 guaraníes (6,4 USD) por guardar un solo dispositivo o prenda.
Ya dentro del establecimiento continúan los gastos. Se paga tres mil guaraníes por cada silla (0,42 USD), y cinco mil por el uso de la mesa (0,70 USD), e incluso por el tereré, cuyo alquiler de jarra o termo cuesta otros 5.000 guaraníes. Lo que debería ser un encuentro gratuito entre familiares y personas privadas de libertad se convierte así en un circuito de microcobros que extiende la lógica mercantil al propio espacio del afecto y la sociabilidad, que solo pueden pagar quienes poseen capital económico.
En la Penitenciaría III, la situación se agrava por la precariedad de la conectividad. El establecimiento se encuentra en una zona ribereña, donde la ruta nacional finaliza y el transporte público apenas circula dos veces al día. La distancia y los horarios obligan a muchos visitantes a llegar la noche anterior y pernoctar en hoteles o pensiones, con un costo promedio de 120.000 guaraníes (15,4 USD) por noche. Solo así pueden acceder a la institución a las 8:00 de la mañana, hora de inicio de la visita, que se extiende hasta las 14:00.
El testimonio de dos sobrinas que habían ido a ver a su tío a la Penitenciaría III aclara lo desarrollado en este apartado. Era la primera experiencia de visita de ambas mujeres de 25 y 28 años respectivamente, habitantes del mismo departamento donde está ubicada la cárcel, pero a 153 kilómetros. Coincidimos a la salida del centro. Me ofrecí a acercarlas a la terminal de ómnibus, a lo que respondieron con una gran sonrisa. En el trayecto me comentaron su ciudad de destino y les dije que podría acercarlas hasta un cruce de rutas nacionales, para facilitarles el regreso. Viajamos 90 minutos hasta que las bajé en un punto donde podrían esperar el ómnibus.
“Solo en pasaje gastamos 80 mil cada una. Somos dos, así que previmos 320.000 para ida y vuelta. El taxi nos costó 30 mil y el hotel 120.000. Tuvimos que venir ya la noche anterior, ya que el primer colectivo de la mañana llega cerca del mediodía y la visita ya termina a las 14:00. En la fila nos enteramos de que había cosas que no podíamos meter y fuimos a dejar a una casilla que nos indica otra mujer. Ahí nos cobró 10.000. Pero no sé cómo apareció un auricular en mi cartera y tuve que pagar 50.000 al guardia. Hasta quise tirar porque valía menos, pero no, había que pagar…” (Apuntes del cuaderno de campo, octubre de 2025). De este modo, el traslado e ingreso les costó 550 mil guaraníes (77,5 USD).
“Adentro sí que es como Caacupé, donde te quieren vender cosas toda la hora [la mayor festividad mariana de Paraguay]. Desde que llegás te ofrecen de todo: comida, sillas, mesitas… Nosotros compramos la carne para el asado, dos tiras por 120.000 (15,4 USD)” (Apuntes del cuaderno de campo, octubre de 2025).
Siendo así, la visita a un encarcelado, antes que ser un acto de acompañamiento gratuito o puramente afectivo, se convierte en una práctica social costosa, regulada por mecanismos informales de cobro que reproducen la desigualdad económica y territorial.
Pagar por un lugar para cumplir la pena o vivir como paria
El ingreso al sistema penitenciario paraguayo no garantiza, por sí mismo, un lugar o espacio donde cumplir la pena. En el interior de las cárceles, el espacio de reclusión no se asigna por criterios institucionales o humanitarios, sino que es un bien negociable dentro de una economía carcelaria informal que reproduce las desigualdades del exterior. La ubicación, las condiciones de vida y el grado de hacinamiento dependen, en gran medida, de la capacidad económica del recién llegado o de su familia.
Las penitenciarías paraguayas están estructuradas en pabellones y, dentro de estos, celdas. Un pabellón estándar cuenta con unas 25 celdas, de 10 metros cuadrados cada una. Cada celda fue originalmente diseñada para albergar a cuatro personas, con bloques de cemento incrustados en la pared que sirven de cama, dos a cada lado. Sin embargo, la sobrepoblación y la mercantilización del espacio han distorsionado completamente ese orden inicial. Hoy, el acceso a un lugar específico dentro del pabellón constituye una transacción económica, en la que intervienen tanto funcionarios penitenciarios como internos con poder de gestión.
El precio de entrada a un pabellón varía según su reputación, condiciones materiales y nivel de hacinamiento. Los lugares más precarios, pero de pago, pueden conseguirse por dos millones de guaraníes (alrededor de 260 USD), lo que permite acceder a una celda compartida con entre 10 y 17 personas. En cambio, los espacios mejor considerados, con menor densidad y ciertos servicios básicos, agua corriente, ventiladores, enchufes o acceso a patio, pueden costar hasta diez millones de guaraníes (unos 1.300 USD).
El pago otorga el derecho a permanecer en el pabellón, así como también un grado variable de control sobre el espacio. Quienes logran pagar montos elevados pueden ser dueños de una celda, con la posibilidad de permitir que uno o, como máximo, dos compañeros duerman allí. Por el contrario, quienes no pueden pagar son enviados a pabellones extremadamente hacinados, donde pueden convivir hasta 300 personas en un solo bloque, o bien son mantenidos en los pasillos, bajo los tinglados o en patios descubiertos, sin un espacio asignado para dormir. En las condiciones de hacinamiento de 2025, un pabellón pensado para unas 90 personas que alberga a 150 es considerado tranquilo.
En la jerga penitenciaria, a los internos que no cuentan con un espacio donde vivir se los conoce como pasilleros, una categoría que simboliza la falta de recursos y la marginación absoluta dentro del orden carcelario. A su vez, los pabellones destinados a la población con menos recursos son los más deteriorados, insalubres y peligrosos; reciben nombres que condensan su estigma: Calavera, Camboya, o cualquier otro término que evoque la precariedad y el abuso.
La privación de libertad en estas condiciones es una experiencia profundamente desigual: el dinero, además de determinar las condiciones materiales del encierro, condiciona también el grado de exposición al sufrimiento, la violencia y la intemperie, configurándose como un mercado de espacios y jerarquías, donde la capacidad de pago define la dignidad, el riesgo y la posibilidad misma de sobrevivir.
El precio de vivir encerrado: equipamientos, servicios y economía cotidiana
Una vez conseguido un lugar para vivir, es decir, tras la compra de una celda o un lugar dentro de ella, en uno de los tantos pabellones existentes, comienza la fase del equipamiento, lo que implicará una serie de nuevos gastos, ya que no se trata solo de estar recluido, sino de pagar para poder vivir con un mínimo de dignidad, mantener comunicación, confort y acceso a productos básicos o elementos de servicio.
La experiencia del trabajo de campo en estos años muestra que una de las primeras necesidades que emergen es la comunicación con el exterior. Las instituciones penitenciarias paraguayas no disponen de teléfonos públicos para los internos; por tanto, pagar para conseguir un teléfono celular se vuelve un requisito indispensable para mantenerse vinculado con familiares, gestionar asuntos legales, personales y/o comerciales. El siguiente testimonio muestra la trascendencia del teléfono para un privado de libertad, y de qué manera su posesión incide en la percepción que tienen sobre él los demás. Es un dispositivo que otorga estatus y capital simbólico (Bourdieu, 2012).
“Si tenés teléfono, ya tenés todo prácticamente acá. Podés conseguir comida, comunicarte con tus familiares, pedir auxilio… trabajar… Batallar, como decimos acá… Por eso la gente es capaz de vender hasta su ropa para conseguir y mantener su teléfono” (Apuntes del cuaderno de campo, mayo de 2024).
En el régimen real del encierro, el ingreso de un celular puede costar entre 200.000 y 500.000 guaraníes (28 y 70 USD), más un pago diario de 10 mil guaraníes por mantenimiento. Esta tolerancia de uso de celulares se convierte además en una fuente de ingresos para agentes penitenciarios, ya que se paga por el ingreso, por chips[3], y por el uso diario. En algunos casos excepcionales registramos relatos de pago de tres, cinco y hasta 10 millones (unos 400, 660 y 1300 USD) para el ingreso de teléfonos[4].
La economía interna no se limita a la comunicación. Equipar la celda propia también implica costos: la entrada de un colchón cuesta aproximadamente 200 mil guaraníes (26 USD); algunos internos de las celdas que han logrado pagar espacios menos hacinados cuentan con sommier de plaza y media (1,20 metros). Si se desea instalar heladera, ventilador, placa para cocinar u otros utensilios, el precio puede ascender a 500 mil guaraníes adicionales (66 USD). Una vez instalado, el recluso ya puede cocinar dentro de su celda, lo que mejora su calidad de vida sustancialmente frente a quienes dependen exclusivamente del régimen alimentario oficial o de la cantina del pabellón. Comer del tacho es uno de los indicadores de ocupar los eslabones más bajos de la sociedad de los cautivos (Sykes, 2017), como se desprende del siguiente testimonio:
“Solo los que no tienen recursos, apoyos ni familiares son los que comen de esa mierda… ni los animales se merecen comer eso. Es agua hervida con algunas cosas grasientas. Ni el olor se puede soportar, ya que ni los utensilios lavan… Acá algunas veces le llaman puchero de zanahoria (Penitenciaría II)” (Apuntes del cuaderno de campo, mayo de 2025).
En cada pabellón existe una cantina, que funciona como despensa o supermercado interno, donde se adquieren productos básicos: arroz, fideo, jabón, yerba mate, carne. En algunos pabellones se venden combos de verduras (por ejemplo: una cebolla, un tomate, un ajo y un locote); pueden costar 3.000 guaraníes (0,40 USD); los precios individuales de verduras alcanzan 1.000 guaraníes por unidad (0,13 USD). La retirada de congeladores o sistemas de refrigeración en algunos penales en septiembre de 2025 encareció aún más el coste de conservar alimentos.
Asimismo, ciertos rubros adicionales se han vuelto rutinarios: por ejemplo, se cobra una tasa de limpieza a cada interno que se encuentra en pabellón de mejor categoría y que ronda entre 15.000 y 22.000 guaraníes mensuales (2 y 2,93 USD). En algunos penales, como la Penitenciaría I, se ha documentado que se cobra una tasa de 50.000 guaraníes (6,6 USD) al mes para guardar productos en un congelador autorizado dentro del penal.
En un pabellón de la Penitenciaría I, en agosto de 2025, documentamos que las 150 personas pagan la tasa semanal. De este modo, solo en ese rubro los agentes penitenciarios recaudan poco más de 13 millones de guaraníes (1730 USD).
En el día a día, los movimientos internos también se monetizan: cruzar de un pabellón al patio, al portón interno o a la administración puede costar entre 2.000 y 5.000 guaraníes (0,27 y 0,67 USD). Salir al recreo cuando uno quiere; en algunos casos, se cobra 10.000 guaraníes (1,33 USD) por cada salida. Así, la rutina del encierro, supuestamente uniforme según la ley, se diferencia enormemente conforme a la capacidad de pago. Un interlocutor de la cárcel IV explicó el sistema de los recreos y cobros de la siguiente manera:
“Nosotros tenemos un recreo gratis a la semana. Una hora podemos salir al patio. Después ya se paga. Todos los días podés salir si pagás. Generalmente, después de llamar la lista, se ponen el portón del pabellón y ahí das tu plata y salís a jugar partido o a estar en el patio” (Apuntes del cuaderno de campo, agosto de 2023).
Como está aquí descripto, la vida dentro de la cárcel se organiza como un mercado interno: desde el acceso al espacio, pasando por la comunicación, el equipamiento físico, los servicios de confort y hasta el movimiento cotidiano, todo está sujeto a la capacidad de pago. Este régimen de costos transforma la pena privada de libertad también en una pena de carácter económico, ya que, además de perder la libertad, se entra en una cadena de obligaciones monetarias para sobrevivir dentro. También es así porque el Estado paraguayo no les garantiza ni siquiera el agua para el tereré y dependen de la cooperación de familiares y amigos para subsistir, por lo que los privados de libertad deben colaborar para su subsistencia (Biondi, 2009; Godoi, 2017).
Las negociaciones del encierro: jerarquías, intermediarios y economías paralelas
Como estamos describiendo, dentro de las cárceles paraguayas, casi nada sucede por azar ni por simple cumplimiento de normas. Todo se negocia. El acceso a un espacio, la ubicación en un pabellón, la posibilidad de comunicarse, cocinar o moverse con cierta libertad dependen de una compleja red de acuerdos que involucra tanto a funcionarios penitenciarios como a internos con poder. Esta red sostiene el funcionamiento cotidiano del penal y reproduce, en clave carcelaria, las mismas desigualdades sociales que marcan la vida fuera de sus muros, tal como explican principalmente Baratta (2001) y Foucault (2002).
En la cúspide formal de esta estructura se encuentra el director, figura que encarna la autoridad institucional, aunque suele mantener una posición distante respecto del día a día. Nada ocurre sin su conocimiento o aprobación, pero su intervención se ejerce a través de intermediarios. Entre ellos, el jefe de seguridad ocupa un papel central, ya que es quien mantiene el orden y quien, en los hechos, regula el ingreso, la permanencia y las transacciones que se desarrollan dentro del penal. En la mayoría de los establecimientos existen dos jefes que se alternan el control de los turnos, de modo que la gestión nunca se detiene.
Bajo su órbita opera un entramado de encargados de pabellón, internos que han ganado reputación y confianza, y que ejercen funciones de autoridad reconocida entre sus pares. Son ellos quienes distribuyen los espacios, fijan las tasas informales que deben pagarse y garantizan el orden interno. A cambio, gozan de privilegios visibles tales como mejores celdas, acceso a electrodomésticos, mejores teléfonos celulares y aires acondicionados en sus celdas. Por lo general, estos encargados también administran los giros de dinero que los reclusos reciben del exterior, cobrando un porcentaje, que puede rondar el 15 %, por cada transferencia. Para mantener el orden, mantienen varias estrategias que pueden variar desde la amenaza a la utilización del castigo físico o la expulsión del pabellón, tal como recordó un sobreviviente que actuó más de 5 años como encargado de un pabellón en la penitenciaría I:
“Vos tenés que hacerte respetar. No importa cómo. Si hay que garrotear, se garrotea. O si no, te van a pasar por encima y vas a perder el respeto. No es un trabajo para arruinados” (Apuntes del cuaderno de campo, enero de 2025).
Las negociaciones de ingreso suelen comenzar incluso antes de la reclusión efectiva. Los abogados penalistas ya conocen los circuitos y a las personas clave que pueden asegurar la ubicación de un cliente en determinado pabellón. Si su contacto habitual no está de turno, derivan la gestión al jefe disponible. Un abogado entrevistado en agosto de 2025 relató que pagó tres millones de guaraníes (400 USD) para ubicar a su cliente en un pabellón cristiano[5], y añadió que era eso o nada.
En su experiencia, el trato directo con el jefe de seguridad otorga no solo un mejor lugar, sino también cierto respeto dentro del penal: “A los que vienen así, con su abogado, se les respeta más”, recordó que le dijo un privado de libertad cuando acompañó a su cliente detenido hasta la celda que le asignaron (Apuntes del cuaderno de campo, marzo de 2025).
Durante una de las visitas de campo a la Penitenciaría IV, uno de los encargados de pabellón nos recibió recostado sobre un sommier de 1,20 m, refrigerador en funcionamiento y dos teléfonos de alta gama a su costado, en el colchón.
“Cuando empecé no conocía a nadie; ahora nos manejamos por celular entre todos”, explicó, antes de llamar a otro encargado para coordinar la llegada de un interno conocido que debía venir de otro sector. Su habitación tenía la apariencia de una pequeña oficina, con secretarios que servían el almuerzo. Ese día almorzamos un filete de res, huevos y ensalada de batata y lechuga (Apuntes del cuaderno de campo, agosto de 2024).
Este apartado describe la dinámica del poder dentro del encierro, en donde el orden penitenciario se sostiene en el cogobierno entre funcionarios y presos, donde lo legal e ilegal se entrelazan, y la cooperación de los internos es necesaria para el gobierno de la prisión, como ya documentaron para varios contextos penitenciarios latinoamericanos la antropóloga brasileña Karina Biondi (2009), Darke y Garcés (2017), entre otros. La autoridad institucional delega el control cotidiano en los jefes de seguridad, y estos en los encargados de pabellón, quienes gestionan la vida interna a través de una economía de pagos, favores y fidelidades. Así, la cárcel se configura como un mercado jerárquico y administrado, en el que cada prerrogativa, el espacio, el movimiento, la seguridad, la comida, la comunicación, tiene un precio que se negocia y se actualiza constantemente (Darke, 2013).
Las batallas: economía de la sobrevivencia y el poder
En el lenguaje carcelario paraguayo, el término batalla designa cualquier actividad que permite a una persona privada de libertad generar dinero o recursos propios. Batallar es sinónimo de sobrevivir: un verbo que combina esfuerzo, ingenio y riesgo. A través de las batallas se reproducen dentro de los muros las lógicas del trabajo, la competencia y el comercio que estructuran la vida social fuera de la cárcel, pero bajo condiciones de control y violencia permanentes.
No depender del dinero de afuera es una cuestión de orgullo, que genera autoafirmación y es sinónimo de autoeficacia. Además, “el dinero de afuera no rinde… lo que se genera acá vale más”, explicó con convicción uno que tuvo que reinventarse en la cárcel para generar sus propios ingresos, ya que antes era funcionario público (Apuntes del cuaderno de campo, septiembre de 2025).
La primera gran división interna que los propios internos establecen es entre batallas legales e ilegales. Las legales incluyen la elaboración y venta de productos comestibles o de uso cotidiano, tales como tortas, chipas, tortillas de harina de trigo, empanadas, ensaladas de frutas, tereré o artesanías. Algunas personas producen; otras venden dentro de los pabellones o en los patios, en una cadena informal que requiere logística y autorización. Para vender, el interno debe contar con un espacio, con acceso a utensilios y, sobre todo, con el permiso del encargado del pabellón o del jefe de seguridad.
Los vendedores, en general, son los más jóvenes o aquellos que no tienen familia ni apoyo económico externo. Sus ingresos son modestos, pero constituyen una forma de autonomía y reconocimiento en un entorno donde la batalla y el dinero definen la posición de cada quien, ya que, además de capital económico, otorga capital simbólico para el entorno carcelario (Bourdieu, 2012; Sykes, 2017). En este mismo sentido, Gibson-Light (2020) documentó el trabajo como estrategia de búsqueda de dignidad en una cárcel de varones de Norteamérica.
Las batallas ilegales, en cambio, se vinculan directamente con el control criminal del encierro. Una de las más extendidas es el uso del teléfono celular como herramienta de obtención de dinero. Por este medio se despliegan distintas modalidades de estafa o engaño, denominadas batallas por teléfono, algunas de las cuales tienen nombres propios dentro del argot penitenciario: fingir ser un familiar accidentado o detenido, inventar una emergencia médica o entablar relaciones sentimentales ficticias con personas externas, a quienes luego se les solicita dinero. Un sobreviviente explicó que para batallar por celular se requieren ciertas habilidades:
“Tenés que saber hablar… saber actuar y hacerte pasar por comisario, fiscal o juez. Otros tienen que impostar la voz y conseguir hablar como una niña, como una mujer. No es para todos, pero quien tiene estas características es muy bien valorado y siempre genera plata” (Apuntes del cuaderno de campo, marzo de 2024).
Las batallas telefónicas son conocidas y toleradas por los propios funcionarios bajo la lógica de que todos ganan: el interno que realiza la llamada, los agentes que permiten la actividad, la estructura que cobra la tasa correspondiente por cada envío de dinero. La tasa por la recepción y entrega de dinero limpio es del 10%, que sube al 15% o 20% cuando es plata ky’a, dinero sucio.
Un tercer tipo de batalla, y quizá de la más lucrativa, es la venta de sustancias prohibidas, tanto dentro del penal como hacia el exterior. La circulación de marihuana, cocaína o crack está controlada por grupos organizados, PCC o Clan Rotela, según el grupo dominante en la penitenciaría o pabellón, pero siempre con autorización institucional. Un antiguo vendedor, que pasó 12 años en la cárcel I, explicó la dinámica para la venta de estupefacientes:
“Si comprás de ellos (en su caso era del Clan Rotela), tenés libertad de vender a cualquier hora. De lo contrario, te persiguen, te denuncian con los agentes que son sus cómplices. No te dejan trabajar o directamente te hacen perder la mercadería”. En esa misma prisión, Isis, otro interno entrevistado, perdió sus mercaderías y el derecho a vender cuando no pudo pagar las tasas de explotación exigidas por los encargados (Apuntes del cuaderno de campo, marzo de 2024).
En la práctica, nada puede venderse sin permiso. Quien intenta quebrar esta regla se arriesga a perder, expresión que en la jerga penitenciaria significa sufrir un castigo, la pérdida de bienes o incluso la vida. El negocio ilícito desde las cárceles paraguayas opera con una tolerancia institucional estructural.
Como expresó un entrevistado: “La extorsión se puede hacer bien desde la cárcel porque nadie te persigue. Afuera la fiscalía enseguida interviene, pero adentro saben que eso es batalla de carceleros, y no se meten”. En otras palabras, las actividades económicas ilícitas forman parte de una negociación tácita entre autoridades, grupos criminales y ciertos funcionarios que participan de la renta del encierro.
Las batallas, legales o ilegales, condensan así la lógica del mercado penitenciario y la gobernanza criminal: un sistema en el que cada acto, vender, cocinar, comunicarse o traficar, se encuentra mediado por el dinero y por la autorización de quienes controlan el territorio interno. En este régimen, sobrevivir no depende solo del ingenio individual, sino de la capacidad de negociar, pagar y pertenecer a una red que legitima las batallas y protege a quienes las sostienen (Foucault, 2002 [1975]; Lessing & Denyer Willis, 2018).
El laberinto jurídico del encierro
En las cinco penitenciarías observadas se repite una misma escena: personas condenadas y en prisión preventiva conviven en los mismos pabellones, pese a que la Constitución Nacional del Paraguay establece la obligación de mantenerlas separadas. El artículo 19 de la Carta Magna dispone expresamente que la prisión preventiva debe aplicarse con carácter excepcional y que quienes la cumplen deben estar alojados en lugares distintos de los condenados. Sin embargo, en la práctica, esta distinción se diluye por completo, ya que ambos grupos comparten las mismas celdas, rutinas y condiciones de vida.
Esta superposición no solo vulnera un principio constitucional, sino que da forma a un laberinto jurídico que atraviesa la vida cotidiana de los privados de libertad. En el caso de los condenados, las principales dificultades comienzan con la falta de acceso a los procedimientos judiciales básicos previstos por la Ley N.º 5162, de 17 de octubre de 2014, Código de Ejecución Penal. Muchos desconocen el inicio formal de su periodo de ejecución, pues los juzgados no realizan, o demoran en exceso, el cómputo definitivo de la pena, un instrumento esencial que determina fechas de cumplimiento de condena, redención de pena, salidas transitorias o acceso a libertad condicional.
En este sentido, una funcionaria del Departamento Judicial de la Cárcel III reconoció que: “Cuesta comunicarse con los juzgados; tenemos gente de todo el país aquí, pero los jueces casi nunca vienen ni envían los documentos, y tampoco responden”. En su oficina no tienen siquiera un registro automatizado de quiénes deben gozar de beneficios penitenciarios. Llevan apuntes manuales que solo ellos son capaces de desentrañar. Cuando vi que todo era manual, en un cuaderno, le dije bromeando: ¿Y qué pasa si te morís mañana? Luego de unos minutos de silencio, respondió con una gran sonrisa y agregó: “Eso no va a pasar todavía. Pero si me muero, quien ocupa mi lugar, que empiece de vuelta…” (Apuntes del cuaderno de campo, agosto de 2025).
Esta descoordinación institucional genera una sensación de incertidumbre y desánimo permanente entre los internos, tal como se ve en el siguiente testimonio, de un condenado que trabaja forrando termos de tereré en la Penitenciaría III y está cumpliendo una pena de 23 años, de la que ya compurgó 10 años:
“Yo trabajo desde que entré acá”, dice mientras da vueltas en su silla y muestra su celda rodeada de termos, cola de zapatero y cuerinas de distintos colores que usa en su taller improvisado… “Pero no sé si me va a servir para la redención… muy difícil con ellos (jueces de ejecución). Yo estoy procurando traer mis papeles acá, que vengan a ver lo que hago y que me sirve…” (Apuntes del cuaderno de campo, octubre de 2025).
Por su parte, los prevenidos viven pendientes de la evolución de sus causas judiciales. Esperan la fijación de audiencias, la elevación a juicio oral o la posibilidad de acceder a medidas alternativas al proceso. Muchos aceptan procedimientos abreviados, reconociendo culpabilidad a cambio de penas menores, sin entender completamente su situación procesal ni los efectos de esas decisiones. Así, permanecen en un estado de limbo jurídico, sin certeza sobre su condena, su pena o sus derechos.
La paradoja es evidente: mientras las reglas del mercado carcelario son claras y conocidas, cuánto cuesta una celda, una cama o una visita, las reglas judiciales son confusas, inalcanzables o simplemente inexistentes para la mayoría de los internos. De esta manera, en la cárcel paraguaya, el dinero ordena y otorga previsibilidad, mientras que el derecho produce incertidumbre e incluso desánimo.
Esta coexistencia entre claridad comercial y opacidad jurídica refleja la fragmentación del sistema penal paraguayo y pone de manifiesto la vigencia teórica de lo que Baratta (2001) explica, distinguiendo una función manifiesta y otra real del sistema penal y qué tan alejados se encuentran de la realidad carcelaria los mandatos constitucionales y legales (Zaffaroni, 2009). En él, los mecanismos de castigo y de administración penitenciaria se rigen por criterios informales, mientras los procesos judiciales permanecen atrapados en una burocracia inmóvil, que privilegia la ficción jurídica (Sykes, 2017).
Las ganancias que produce el encierro
El análisis integral de las condiciones de vida, jerarquías y movimientos económicos en torno a las cárceles paraguayas, que funcionan como mercados, permite reconocer que el sistema penitenciario no solo administra cuerpos ni produce castigos, sino que genera y distribuye rentas económicas constantes, configurando un circuito de acumulación y transferencia de recursos. Las cárceles funcionan como un subsistema económico dentro del Estado, sostenido por una red de cobros, peajes y autorizaciones que convierte cada acto cotidiano, desde ingresar una visita hasta mover un objeto o usar un teléfono, en una fuente de ingresos para actores diversos.
A partir de los datos recopilados en campo, estimamos lo que genera en ingresos un pabellón que alberga a 120 privados de libertad. Los rubros incluidos en el cálculo son: limpieza, tasa por giro de dinero, mantenimiento de celular, ingreso de electrodomésticos, pago para salidas a recreos, cruce de portones, pago por celdas y nuevos ingresos. El resultado arrojó unos ochocientos millones de guaraníes (120.000 USD). En las cinco penitenciarías analizadas existen al menos 10 pabellones con estas características, por lo que el monto total generado en los mismos anualmente sería de unos 1.200.000 USD.
En la cifra del párrafo anterior no está calculado lo que puede generar la venta de marihuana, cocaína ni crack. Un levantamiento realizado con un privado de libertad en la Penitenciaría Nacional arrojó que se vendían entre tres y cinco kilos de cocaína por fin de semana. Es decir, unos 20 kilos al mes. Cada kilo produce alrededor de 50 millones de guaraníes (6750 USD), por lo que los 20 kilos representan unos mil millones de guaraníes (135.000 USD) mensuales. En 12 meses: 1.620.000 USD en una sola unidad penitenciaria.
Las ganancias derivadas del encierro no se limitan al interior de los muros. Alrededor de cada prisión se despliega una economía extramuros que involucra a taxistas, vendedores ambulantes, arrendadores de habitaciones, comercios de alimentos y guardadores de objetos, quienes dependen del movimiento de visitas. En algunos penales, la falta de transporte público convierte al traslado en un negocio, con tarifas que superan los 30.000 guaraníes (4 USD) por tramo. De este modo, el castigo mueve una economía periférica, articulando el circuito carcelario con la informalidad laboral de su entorno inmediato.
Dentro de las cárceles, las rentas se distribuyen jerárquicamente según una lógica piramidal. Los encargados de pabellón, internos con reconocimiento y autoridad, son los primeros recaudadores: cobran por espacios, controlan las ventas y perciben comisiones por giros de dinero. Luego entregan una parte de esos ingresos a los jefes de seguridad, quienes ejercen el verdadero control operativo y financiero del penal, autorizando o restringiendo actividades, ventas o privilegios. Por encima de ellos se ubica la dirección, que no participa directamente de las negociaciones, pero sí de los dividendos, y sin cuya aprobación ningún negocio es posible.
A su vez, los directores tributan hacia arriba, hacia los padrinos políticos que garantizan estabilidad, protección y continuidad en los cargos. En la práctica, la economía penitenciaria se encuentra orgánicamente vinculada al aparato político-administrativo del Estado, reproduciendo las mismas formas de corrupción, clientelismo y rentismo que caracterizan a la esfera pública paraguaya. El siguiente testimonio de un encargado de pabellón ilustra esta situación:
“Yo soy un número más nomás acá… No depende de mí cobrar o no. Si viene uno nuevo, yo tengo que rendir el dinero. Por eso no puedo exonerar a nadie… Ellos (los administradores penitenciarios) deben rendir también… ya no te puedo decir hasta dónde llega… lo único que sé es que no están en la cárcel (risas)” (Apuntes del cuaderno de campo, octubre de 2025).
Los postulados de la criminología crítica refieren que de esta manera se materializa la economía política del castigo. Rusche y Kirchheimer (1984 [1939]) explican precisamente que la forma y el contenido del castigo responden también a lógicas económicas de la sociedad. En el caso paraguayo, el encierro penal, además de reflejar pobreza y desigualdad, convierte en negocio la privación de libertad a través de una lógica de la escasez. Siendo así, la sobrepoblación y la precariedad generan rentas que se redistribuyen entre funcionarios, intermediarios y actores externos. Desde la perspectiva foucaultiana de los ilegalismos, la tolerancia institucional a las reglas económicas de la prisión puede interpretarse también como un dispositivo de gobierno que monetiza la adquisición de estatus y vida dentro de esa sociedad carcelaria (Foucault, 2002 [1975]; Sykes, 2017).
De esta manera se confirman las explicaciones de Baratta (2001 [1981]) en el sentido de que el sistema penal reproduce las desigualdades sociales y económicas, convirtiendo el castigo en una forma institucionalizada de exclusión de clase. En la cárcel-mercado paraguaya, esta desigualdad se materializa en tarifas diferenciadas: quien puede pagar compra condiciones de vida dignas; quien no, es relegado al hacinamiento extremo o a los espacios denominados Calavera y Camboya, o convertidos en pasilleros, el último eslabón de la sociedad de los cautivos.
Estas interpretaciones permiten ver que la cárcel paraguaya es, simultáneamente, un espacio de control y de acumulación. Mientras los discursos institucionales y legales la presentan como lugar de castigo o reinserción, en la práctica se ha convertido en un nodo económico donde el sufrimiento se administra y el dinero circula con eficacia, generando rentas para algunos. El castigo produce beneficios tangibles para funcionarios, intermediarios y redes políticas, siendo entonces esta producción de ganancias económicas una de las funciones reales y concretas de la cárcel-mercado paraguaya (Baratta, 2001 [1981]).
Conclusión
El análisis etnográfico de las cinco cárceles paraguayas estudiadas revela que el encierro no se organiza bajo criterios jurídicos o disciplinarios, sino a partir de una lógica económica propia, donde la supervivencia, la seguridad y la dignidad se administran mediante el dinero y las redes de poder. Lejos de ser instituciones orientadas a la reinserción, las prisiones funcionan como mercados regulados en los que cada acto y movimiento tiene un precio y un intermediario.
Las dimensiones observadas permiten comprender la profundidad de este orden económico. En primer lugar, el costo de la visita convierte el vínculo familiar en una transacción: llegar al penal, ser revisado y entregar alimentos o pertenencias implica pagos sucesivos a funcionarios y revisores. Luego, pagar por un lugar dentro del penal expone la jerarquía del espacio: quien dispone de dinero accede a un pabellón menos hacinado, mientras que la pobreza conduce a los pasillos o a los sectores llamados Calavera o Camboya, despojando a sus habitantes de dignidad y convirtiéndolos en parias de esa sociedad de cautivos.
Por su parte, el costo de vivir adentro refleja una economía cotidiana que cobra por todo, como colchones, ventiladores, limpieza, electricidad o acceso a teléfonos, naturalizando el pago como condición para la supervivencia. Estas dinámicas se sostienen a través de las negociaciones del encierro, donde jefes de seguridad y encargados de pabellón controlan los flujos de dinero y favores, con el consentimiento de la dirección. Por su parte, las batallas, tanto legales como ilegales, revelan la creatividad y precariedad de los internos que deben generar ingresos en un sistema que los obliga a comprar su propia subsistencia y generar rentas. Algunos de los internos contribuyen también con estas batallas al sostenimiento de sus familias.
Este conjunto de prácticas configura una economía penitenciaria que opera con una racionalidad asombrosamente clara y estable, ya que todos conocen las tarifas, los responsables y las consecuencias de no pagarlas. Paradójicamente, lo jurídico, que debería ordenar el castigo y garantizar derechos, se presenta como un laberinto impenetrable. Muchos de los condenados desconocen su situación procesal, los cómputos definitivos se demoran o no existen, y los procesados permanecen en una espera indefinida.
En la cárcel-mercado paraguaya, la economía ofrece certezas mientras el derecho produce incertidumbre. El dinero sustituye a la norma como principio organizador, y el encierro penal se transforma en un negocio sostenido por la desigualdad. Así, la prisión contemporánea no solo priva de libertad, sino que también impone una segunda condena, la de vivir en un sistema donde la justicia se compra, el sufrimiento se administra y la libertad, incluso dentro del encierro, tiene un precio.
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Zaffaroni, E. (2009). En busca de las penas perdidas: Deslegitimación y dogmática jurídico-penal (5.ª reimp.). Ediar.
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Sobre los autores: Juan Alberto Martens Molas: Universidad Nacional de Pilar (UNP)/INECIP-Paraguay-Universidad Nacional de Canindeyú (Unican). Doctor por la Universidad de Barcelona-España. Máster en Criminología, Política Criminal y de Seguridad-Universidad de Barcelona y en Garantismo Penal y Derecho Procesal Penal-Universidad Nacional de Pilar e INECIP-Paraguay. Abogado-Universidad Nacional de Asunción. Investigador categorizado nivel II, en el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Profesor de Criminología e investigador, Facultad de Derecho de la UNP y Unican. Docente de la Escuela Judicial del Paraguay. Líder del grupo de investigacion: Violencias, Sistema Penal y Política Criminal. Roque A. Orrego Orué: Universidad Nacional de Pilar/INECIP-Paraguay. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción. Investigador de la Universidad Nacional de Pilar e INECIP-Paraguay. Exjuez penal de Sentencias de Asunción y Comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Coautor del Código Procesal Penal vigente en Paraguay, desde 2000. Profesor de Teorías del Garantismo y Derecho Procesal Penal, Maestría en Garantismo Penal UNP-INECIP. Integrante del Grupo de Investigación: Violencias, Sistema Penal y Política Criminal. Docente de la Escuela Judicial del Paraguay. |